El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado ‘Abengoa II’, Ismael Moreno, ha dado luz verde a la operación de la UCO de la Guardia Civil que registra la sede de la multinacional este martes. Pero la tumultuosa relación de Abengoa con la Audiencia Nacional viene de lejos y ha contado con capítulos que han finalizado bien para la directiva de la empresa, como la sentencia absolutoria de 2018 por el cobro de indemnizaciones millonarias de la cúpula.
Esa resolución se produjo en enero de 2018, cuando los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal absolvieron a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega de cerca de 11,5 millones en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo.
La Sala señaló que se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana. Además dijeron que no quedó acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de ese año fueran elaborados para favorecer «improcedentemente» al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número ‘dos’, puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.
La sentencia fue contraria entonces al criterio del Ministerio Público, que solicitó cinco años de cárcel para Benjumea, cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado y cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal.
Pero en paralelo a esa instrucción, la Audiencia Nacional abrió un nuevo frente contra Abengoa, y el magistrado Moreno encausó de nuevo a Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de falsedad contable y estafa en ‘Abengoa II’.
Esta nueva vía de investigación por la estafa a inversores de Abengoa recibió un impulso importante en 2019 con la personación en el proceso de la Abogacía del Estado al considerar que la actuación de los responsables de la compañía pudo perjudicar intereses generales y públicos.
Esta demanda por falsedad contable y estafa de inversores se interpuso en marzo de 2016 después de que la instructora de la causa sobre indemnizaciones millonarias, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, rechazara ampliar su investigación a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no había conexidad entre ambos hechos.
Así, se presentó una segunda querella por parte de la Plataforma de Afectados por presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración como contra Benjumea y Sánchez Ortega.
EL REGISTRO EN SEVILLA
Ahora, cinco años después, la causa sigue ‘viva’, y prueba de ello son los registros en la sede de Sevilla. Si bien la causa permanece secreta, se ha podido conocer por fuentes fiscales que no se espera que haya detenidos y que quien está detrás de la orden de entrada es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno.
Abengoa se declaró el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. A mediados de marzo, la multinacional sevillana solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la empresa presentó a la SEPI una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del Covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.
La concesión de la ayuda queda pendiente de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos de ‘due diligence’, los cuales se realizarán de conformidad y en los plazos previstos en la normativa de aplicación y hasta la resolución definitiva de la solicitud presentada.
