La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de cárcel para cada uno de ellos.
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también pide condenar a otro nueve acusados –todos ellos responsables del grupo– a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía sostiene que todos ellos «venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como Grupo Nueva Rumasa, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial».
«Aunque todos ellos desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz Mateos, cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos», explica el escrito.
El Ministerio Público apunta que «lo que se conocía y se daba a conocer como Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común».
«Sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial», apunta.
SOCIEDADES EN PARAÍSOS FISCALES
Y es que, «aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación –fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda–, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad».
La Fiscalía señala que «el número de sociedades integrantes de dicho grupo no puede fijarse con exactitud, pues, aunque en su propia publicidad aludían en unas ocasiones a 107 empresas y en otras a 117, sus responsables elaboraron diversos listados internos en los que figuraban hasta 164 sociedades españolas y 48 sociedades extranjeras, mientras que los administradores concursales han podido relacionar con dicho grupo un total de 171 empresas».
Para dirigir y gestionar ese grupo societario y sus complejos flujos financieros los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, junto con su padre, contarían con un pequeño grupo de fieles colaboradores entre los que se encontrarían los acusados Zoilo Pazos y Alfonso Barón, así como José Ramón Romero, Rufino Romero, Ricardo Álvarez y el abogado Manuel Sánchez Marín.
«Muchos otros colaboradores ejercían diversos cargos puramente nominales de administración y representación en diferentes sociedades y figuraban como autorizados en sus cuentas bancarias, o actuaban como comerciales, siguiendo siempre las órdenes de aquellos, sin que se haya acreditado en el curso de la investigación que tuvieran capacidad decisoria en el ámbito del grupo, ni que conocieran su situación económica y financiera al tiempo de las emisiones de pagarés de las que se hablará más adelante», detalla el Ministerio Público.
DEUDAS POR 577 MILLONES DE EUROS
En este contexto, la Fiscalía explica que «a principios del año 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos».
«Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010», recoge el escrito.
El Ministerio Público aduce que «para paliar en parte esa situación que venía arrastrándose con anterioridad los responsables del Grupo Nueva Rumasa recurrían al descuento bancario de efectos, mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas».
«Para ello los acusados utilizaban un conjunto de 25 sociedades instrumentales carentes por completo de actividad y personal –sociedades fuelle según su propia denominación interna– cuyo único objeto era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos», añade.
Todos esos efectos, señala, se descontaban a través de la sociedad Factoring Occidental, la cual entre los años 2009 y 2011 llegó a obtener mediante descuento en Banco Santander un total de 540,9 millones de euros que se destinaron a las principales sociedades productivas del Grupo las cuales, a su vez, transfirieron 538,8 millones de euros a las denominadas «sociedades fuelle» para que estas pudieran abonar finalmente las facturas que les presentaba el Banco Santander.
MECANISMO DE NATURALEZA PIRAMIDAL
Según la Fiscalía, este mecanismo financiero circular de naturaleza piramidal agudizaba la situación crítica del Grupo Nueva Rumasa, pues, además de tener que devolver los fondos dispuestos, generó al grupo un coste financiero adicional de 11 millones de euros.
«Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público», relata el escrito.
El objetivo, añade, era «no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus numerosas y costosas viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros».
