Los interlocutores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este miércoles su segunda reunión para continuar con las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde, un encuentro que ha terminado sin acuerdo y sin fecha para un tercero, que en cualquier caso se produciría tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a España la próxima semana.
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart –del lado conservador– y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach –por ala progresista– han estado reunidos durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al TC saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Los representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han puesto sobre la mesa nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde –que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ– y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
No obstante, los portavoces conservadores han vuelto a asistir sin lista propia porque aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, «más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual», según reza el comunicado difundido por Ballestero y Llombart.
NO ANTES DEL DÍA 29
Así las cosas, ambas corrientes han confirmado «el más firme compromiso de cumplir con las competencias propias del Consejo» para realizar dichos nombramientos, así como su coincidencia «en la necesidad de lograr amplias mayorías» para designarlos.
No obstante, el sector progresista ha puesto de manifiesto que hay «una diferencia en cuanto a los tiempos». «Por nuestra parte, hemos reiterado la voluntad de alcanzar dicho acuerdo en el plazo más breve posible y siempre antes del Pleno convocado para el día 29 de septiembre», han expuesto.
Sin embargo, han lamentado que, «una vez más», la contraparte conservadora les ha manifestado que «a día de hoy no están en condiciones de presentar candidatos y que no consideran que deba producirse la designación en el Pleno del día 29», por lo que no ha sido posible fijar una fecha para una nueva reunión antes de ese día.
«Los firmantes de esta nota hemos dejado constancia de que no nos hacemos responsables de la dilación que se está produciendo en la designación de los magistrados para el Tribunal Constitucional», han subrayado Cuesta, Mozo y Bach.
Los negociadores conservadores, por su parte, han defendido que «la relevancia de estos nombramientos exige que rija el principio de eficiencia y no el de urgencia». De todas formas, han acordado celebrar un cónclave interno el día 28.
LA VISITA DE REYNDERS
Con todo, las negociaciones entre las dos corrientes del CGPJ para ocupar dos de las cuatro plazas en juego en el TC quedarán postergadas a la visita que Reynders tiene previsto realizar a España entre el 29 y el 30 de septiembre.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indican que el sector conservador confía en que Reynders logre desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial.
Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las citadas fuentes apuntan que un acuerdo global –que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional– podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
De hecho, una las preocupaciones de la corriente conservadora es la situación de colapso en la que quedaría el TS si los dos magistrados elegidos para el Constitucional salen del Supremo mientras el CGPJ sigue sin poder cubrir las vacantes generadas en la cúpula judicial.
Varias salas del TS se encuentran ya en una situación límite a causa de la reforma legal impulsada por el Gobierno que desde marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones –como el actual– realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
FUERA DE PLAZO
El Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos pero solo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y hacerlo antes del 13 de septiembre, fecha superada que en realidad desde buena parte del CGPJ se vio siempre como orientativa.
El problema de fondo es que el 12 de junio venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ, con dos cada uno.
En un principio, el Gobierno deslizó la posibilidad de efectuar sus nombramientos sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas preguntadas por Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los dos aspirantes del Ejecutivo puedan tomar posesión sin la dupla del Consejo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que Moncloa, «lógicamente», aguardará a que el CGPJ tenga sus dos candidatos para acometer la renovación parcial del TC, si bien rehusó precisar hasta cuándo está dispuesta a esperar.
