El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, «renunció» a investigar la posible existencia de una fosa con los restos de 451 brigadistas en los terrenos de Montecarmelo sobre los que se construirá un cantón de limpieza y ha reprochado que «no cumpla» con la ley.
Según han detallado a Europa Press fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el 16 de febrero el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de sondeos arqueológicos en esta parcela, aunque aluden a la falta de documentación necesaria.
El 28 de febrero, la empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento de Madrid una ocupación temporal de este terreno para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y detallaron que los trabajos se extenderán durante tres semanas, han detallado desde el área.
Unos días más tarde, tras analizar la solicitud, el Ayuntamiento requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática.
Un mes más tarde la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Ayuntamiento han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática.
El 11 de abril, el Ayuntamiento, tras no constatar que la empresa no había aportado la autorización requerida por la Ley, otorgó un nuevo plazo de 10 días y desde entonces no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización.
Por ello, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad han informado de que se ha declarado el desestimiento de la autorización de ocupación temporal de la parcela al no haberse cumplido por parte de la empresa adjudicataria y del Gobierno central «los requisitos legales que establece la Ley de Memoria Democrática aprobada por este mismo Ejecutivo en 2022». Ayer, el Ayuntamiento remitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la resolución de desestimiento de esta propuesta.
