Fundación Madrina ha alertado sobre las consecuencias de la aprobacion de la nueva ley contra el desperdicio alimentario por temor a que agrave la situación de las familias vulnerables, especialmente sobre aquellas con menores a su cargo.
La organización estima que los nuevos trámites burocráticos que exigen esta nueva normativa aumentarán de forma «relevante» el costo de los alimentos para las empresas, lo que la harán «inviable en la práctica».
«Aunque compartimos plenamente el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, esta ley no aborda el problema de fondo: garantizar el acceso a la alimentación para las familias más vulnerables», ha indicado Conrado Giménez-Agrela, presidente de Fundación Madrina. En opinión de la entidad, «la nueva normativa generará un aumento del precio de los alimentos que se pagará en las cadenas de distribución y en los bares, resultando en precios más caros por menos comida».
Asimismo, la entidad ha advertido de la «clara desconexión entre la administración de Agricultura y la realidad social de las familias en general y de las más vulnerables, que se pretende ayudar», ha añadido el presidente de la Fundación.
«Mientras se legisla sobre el desperdicio alimentario, paradójicamente, se están recortando las ayudas directas de alimentos a quienes más lo necesitan», ha denunciado Giménez-Agrela. «Los bancos de alimentos dejan de están desabastecidos», ha añadido el presidente de la Fundación Madrina que además advierte de que esta nueva ley llega en un «momento crítico especialmente para las familias vulnerables en España». La Fundación Madrina ha denunciado que en 2025 continuará aumentando la pobreza materna infantil, «con uno de cada 4 hogares en pobreza extrema».
Esta situación «empeora», según la entidad, por la eliminación en 2025 de los fondos europeos para familias en pobreza severa, pasando actualmente el Estado a alimentar tan solo al 1% de la población en pobreza extrema. «Las empresas de alimentos materno infantiles no donan esta alimentación cada vez más cara e inaccesible, mientras que las familias con un solo salario ya no pueden mantener los gastos de un hogar con menores a cargo ni llegar a fin de mes», ha argumentado.
RECOMENDACIONES
Ante esta situación, la Fundación Madrina propone revisar una nueva ley con las entidades de reparto de alimentos, para facilitar la cadena de distribución hacia el hogar final y reducir la carga burocrática y los costos asociados a su implementación.
Igualmente sugiere volver a los niveles de cobertura del 100% de la pobreza extrema en España y eliminar las trabas administrativas que «dificultan» su distribución a las familias vulnerables; y establecer medidas específicas de apoyo a las familias vulnerables con menores a cargo.
Asimismo, anima a crear incentivos fiscales del 100% de la donación de alimentación e higiene materna infantil e implementar un sistema de medición efectiva del desperdicio sin coste adicional, en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
Por último, echa en falta facilitar el intercambio entre ONG privadas y servicios sociales públicos para la derivación de familias vulnerables sin acceso a alimentos, así como desarrollar programas de educación en escuelas y empresas, y concienciación sobre el valor de los alimentos y la importancia de evitar su desperdicio.
Giménez-Agrela ha reclamado, asimismo, un «compromiso más realista de la administración para eliminar el desperdicio de alimentos y garantizar que ningún niño o madre en España pase hambre mientras se desechan toneladas de comida».
