El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo este jueves que constituye “un acontecimiento grave para la convivencia” que se pueda haber amenazado a un niño de Canet de Mar (Barcelona) porque su familia ha pedido aplicar la sentencia sobre el mínimo del 25% de clases en castellano.
Marlaska hizo esta consideración esta mañana en Bruselas, donde participó en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE.
En declaraciones a los periodistas antes de este encuentro, el titular de Interior fue preguntado por las amenazas difundidas en redes sociales contra el niño de Canet de Mar por la cuestión de la enseñanza en español.
El ministro respondió que “la amenaza es un acontecimiento grave para la convivencia” y que, en caso de estarse produciendo respecto a este menor, “serán investigadas”. “Tengamos confianza tanto en la investigación de las Fuerzas de Seguridad como de del Poder Judicial”, afirmó, al tiempo que señaló que “lo importante es garantizar la convivencia”.
“SE HA CUMPLIDO LA LEY EN CEUTA”
Por otra parte, Marlaska fue preguntado por el hecho de que cinco ONG hayan denunciado que la Guardia Civil devolvió el pasado 28 de noviembre a Marruecos a dos ‘menas’ de 15 y 16 años. Según estos colectivos, esta decisión incumpliría la ley y se habría tomado sin tener en cuenta que los jueces ya han suspendido expulsiones similares.
El ministro sostuvo que las Fuerzas de Seguridad “cumplen estrictamente la ley” y que no se ha vulnerado ninguna norma. “Nosotros daremos la información que sea requerida por las autoridades judiciales o las autoridades competentes”, apuntó, al tiempo que añadió que “se ha cumplido, se cumple y se cumplirá siempre la ley en cualquier ámbito de actuación” de su departamento.
Asimismo, en cuanto a que pueda haber más protestas de policías y guardias civiles contra la modificación en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana, declaró que el Gobierno trabaja para actualizar esta norma conforme a las “exigencias” del Tribunal Constitucional y del Consejo de Europa.
Argumentó que “el objetivo prioritario y principal” de la reforma que defienden PSOE y Unidas Podemos es “garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y dar seguridad jurídica” a la actuación de los agentes.
