«Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España». Así de rotundo se expresa el Gobierno marroquí en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por el «uso excesivo y letal de la fuerza» contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio.
En su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno marroquí apuesta por dejar claro desde el principio las circunstancias, antes de defenderse de las afirmaciones hechas en respuesta a la carta que habían remitido en julio varios relatores de la ONU pidiendo más información por los acontecimientos de junio.
Así, aclaran «de nuevo» que es «inexacto» referirse a «la línea de separación entre Marruecos y Melilla» como «frontera hispano-marroquí», como afirman en su texto, puesto que «el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso».
La afirmación del reino alauí se produce en un momento dulce en la relación entre España y Marruecos, que el pasado abril iniciaron una nueva etapa en la relación diplomática después de la carta remitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI afirmando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es «la base más sólida, realista y creíble» para una solución al conflicto.
Del encuentro de Sánchez con el monarca alauí el 7 de abril salió una declaración conjunta en la que, entre otras cosas, se anunciaba «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías» se restablecería «de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».
Esto se traduciría, según dijo el propio presidente del Gobierno desde Rabat, en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no existía hasta la fecha.
Aunque el Gobierno marroquí no confirmó en ningún momento este extremo, tampoco desmintió al Ejecutivo español y de hecho las declaraciones de un alto cargo alauí cuestionando la viabilidad geográfica de las aduanas fueron a continuación rebajadas.
El pasado 21 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció con su homólogo marroquí, Naser Burita, a su lado, que la intención de los dos gobierno es que las aduanas abrirán durante el mes de enero.
«Hemos acordado trabajar para que el inicio del paso de mercancías de manera ordenada y gradual a través de los puestos aduaneros terrestres tenga lugar a lo largo del mes de enero», desveló Albares tras el encuentro mantenido con Burita en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
El ministro marroquí confirmó la intención de su país de cumplir con lo acordado en la declaración del 7 de abril y dijo que los dos países trabajarán para «un retorno a la normalidad de forma eficaz» en lo relativo al paso de personas y mercancías por los puestos terrestres y marítimos, confiando en que los «dispositivos» necesarios estén en marcha «desde el principio de año en el marco de una cooperación franca entre dos socios y amigos».
MARRUECOS DEFIENDE SU ACTUACIÓN EN SALTO MASIVO
Por otra parte, en la misiva enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU –del que Marruecos será miembro a partir del 1 de enero– Marruecos denuncia la presión migratoria «sin precedentes» de la que es objeto y acusa a Argelia de «laxismo» al permitir el paso por su frontera de miles de inmigrantes con destino al territorio marroquí.
En cuanto a los acontecimientos del 24 de junio, denuncia la difusión de «informaciones falsas» respecto a lo sucedido, sostiene que los inmigrantes estaban organizados y tenían en muchos casos formación militar y denuncia la «violencia inusitada» con la que actuaron.
Por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, recalca que los efectivos «estaban equipados exclusivamente con material de mantenimiento del orden sin ningún arma de fuego letal y no se hizo ningún disparo» y actuaron «en el respeto absoluto del principio de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza».
Asimismo, Marruecos recalca que los fallecidos fueron 23 y no los 37 que se recoge en la misiva remitida por los relatores de la ONU, y que fue la cifra que ofreció una organización de Derechos Humanos local, y asegura que las autopsias realizadas a todos ellos confirman que murieron por asfixia en la avalancha y no por arma de fuego.
Dicho todo esto, el Gobierno marroquí rebate la acusación de «racismo estructural y de tratamiento discriminatorio de individuos de ascendencia africana» –el objeto principal de la misiva de los relatores de la ONU– puesto que el país ha llevado a cabo «vastas operaciones de regularización de inmigrantes en situación irregular».
Por último, deja claro que «Marruecos no tiene ninguna responsabilidad en las devoluciones de inmigrantes en caliente» sino que «es la responsabilidad de las autoridades españolas». «Marruecos no hace sino sufrir las consecuencias de un fenómeno, cuya gestión securitaria, por sí sola, ya ha demostrado sus límites», añade.
Con todo, puntualiza que tras los acontecimientos del 24 de junio no se produjo ninguna de estas devoluciones y asegura que «Marruecos se opone a la devolución grupal de migrantes y a la expulsión colectiva de extranjeros».
