Más del 80% de los jueces españoles se muestran extremadamente preocupados por la «pérdida de respeto por el Poder Judicial por parte del Gobierno», según la parte española de una encuesta realizada en mas de nueve países de la Red Colaborativa de Investigación Internacional en Innovación Judicial y que se extendió a España gracias a la colaboración de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial.
Aunque el estudio, dirigido por académicos de la Universidad de Newcastle (Australia) y de la Universidad Tecnológica de Dublín (Irlanda), y auspiciado por la asociación americana Law & Society de Massachussets (EEUU), está centrado en la percepción que los jueces tienen sobre el uso de la tecnología, el informe de la parte española, adaptado por el juez Alfonso Peralta, recoge también otras impresiones.
Así, concretamente el 82% de los jueces que han participado en la encuesta se muestran extremadamente preocupados por la «pérdida de respeto por el Poder Judicial por parte del Gobierno», de acuerdo con el comunicado difundido por APM. De hecho, el 63% siente que el Ejecutivo no valora su trabajo. Además, el 53% también manifiesta preocupación por la «pérdida de independencia judicial».
En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, la mayoría de los jueces encuestados no creen que vayan a ser reemplazados por éstas. En este sentido, un 67% considera que les facilitan el trabajo. Con todo, en términos generales, «ven positiva la tecnología, pero reclaman una implantación de calidad en los juzgados».
El estudio revela que la pandemia de coronavirus ha servido para fomentar las vistas telemáticas. Sin embargo, «se critica sin paliativos los equipos de reproducción y video para teleconferencias en juicios, el acceso a Internet de calidad en la sala del tribunal y el soporte técnico de forma remota, los cuales se califican como ‘deficientes'».
En consecuencia, la mayoría de los jueces encuestados «se opusieron al uso de juicios, audiencias o comparecencias remotas debido a la gran cantidad de suspensiones que producen». En cambio, los nuevos sistemas de gestión procesal se consideran adecuados pero se pide formación de calidad sobre los mismos.
Por otro lado, los interrogados denunciaron «la gran carga de trabajo, la baja calidad de las instalaciones judiciales, su mantenimiento y el espacio de trabajo o de reuniones». No obstante, califican de «buenos» tanto el trabajo de los funcionarios de la administración de justicia como el ambiente de trabajo en la oficina judicial».
