La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló este viernes que el Consejo de Ministros dará luz verde hoy a una reforma que elevará a 24 meses de prisión la pena por matar a un animal.
Esa reforma penal se complementa con el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, que previsiblemente también verá el Consejo de Ministros, aunque ese texto deberá volver a este órgano para su aprobación definitiva y envío a las Cortes Generales.
Belarra subrayó, en declaraciones a RNE, que las medidas “ambiciosas”, como es la Ley de Protección y Derechos de los Animales, “siempre cuesta sacarlas adelante”, en alusión a las discrepancias surgidas entre su departamento y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“Yo me quedaría con el acuerdo y con que hoy somos capaces de llevar una ley que es pionera, que es la primera ley de derechos de animales de la historia de nuestro país y lo hacemos con acuerdo de Gobierno y siendo capaces de avanzar”, añadió.
Para Belarra, lo fundamental que saldrá este viernes del Consejo de Ministros es que “por primera vez” se acabará con “la impunidad de los maltratadores de animales en España” y puso como ejemplo que durante un tiempo circuló por las redes sociales un vídeo de “un desalmado que ahogaba a una cría de jabalí completamente indefensa y de manera muy cruel”.
“Eso ahora mismo en España no tiene reproche penal ninguno, solamente una pequeña multa. Ahora lo que vamos a hacer es que eso tenga reproche penal, que puede llegar en el caso de la muerte de los animales incluso hasta los 24 meses, y empezar a responder a lo que yo creo que es un sentimiento mayoritario de la gente de nuestro país, que es que tenemos que cuidar a los animales y cuidar a los seres vivos con los que vivimos en nuestro planeta”, apostilló.
Por otro lado, Belarra recalcó que, además de “luchar contra el maltrato contra los animales y acabar con el sacrificio animal”, la futura ley pretende dejar a las próximas generaciones “un país en el que se cuida a los animales”.
“De ahí que, por ejemplo, los zoos y los delfinarios se empiecen a reconvertir en centros de recuperación de especies autóctonas. Me parece un paso adelante para que nuestros niños y nuestras niñas convivan con normalidad y con protección a los animales y crezcan en esos valores”, dijo.
‘SACRIFICIO CERO’
La Ley de Protección y Derechos de los Animales fue elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que quiso someterlo a consulta pública el pasado mes de octubre.
Sin embargo, el texto se ha demorado en el tiempo por discrepancias en el Gobierno de coalición que se ciñen a que Moncloa y el Ministerio de Agricultura apostaban por diferenciar a los perros de caza respecto de los demás, mientras que Derechos Sociales abogaba por no hacer distinciones y que los cazadores cumplan con las consideraciones que se exigen al resto de propietarios de esos animales.
Esa disputa también dividió a animalistas y cazadores, puesto que aquellos quieren que los perros de caza estén mejor protegidos bajo el paraguas de la ley y estos señalaban que sus canes no son animales de compañía.
En principio, la norma recoge el ‘sacrificio cero’ de animales de compañía que estén sanos, el fin de algunas prácticas como las peleas de gallos y el tiro al pichón, permitir la cría de animales sólo a personas autorizadas, proteger las colonias felinas y crear el concepto de santuario de animales.
Además, el texto trabajado por la Dirección General de Derechos de los Animales incluye la prohibición de la venta de animales de compañía en tiendas, no permite criar animales que no sean autóctonos (como el visón americano, empleado en peletería) y no autoriza los circos con animales salvajes.
También elimina la lista de perros potencialmente peligrosos, impulsa la identificación eficaz de las mascotas para acabar con su abandono e insta al control ético de la fauna urbana antes del empleo de cualquier método letal.
Además, obliga a la estilización de la mitad de los animales que tenga una persona propietaria, eliminará la lista de perros potencialmente peligrosos e insta al control ético de la fauna urbana antes del empleo de cualquier método letal.
El sacrificio no autorizado de animales, matar a un animal o causarle secuelas permanentes y graves de forma intencionada, y la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado se considerarán infracciones muy graves que podrían acarrear una multa de 100.001 a 600.000 euros.
La norma excluye a los animales empleados en espectáculos taurinos y, en determinados casos, los utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia.
