Un total de 56 víctimas de las desapariciones forzadas infantiles, han denunciado de forma conjunta ante la Fiscalía General del Estado sus casos alegando que las madres «fueron las víctimas primigenias» de la trama conocida como de ‘bebés robados’, y por lo tanto son víctimas de violencia contra la mujer.
Las víctimas, representadas por las asociaciones ‘Por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía’, ‘S.O.S Bebés Robados’, ‘Asociación Sin Identidad Biológica’ o ‘Save Our Souls Bebés Robados’, han denunciado por primera vez en una acción de este tipo, la vulneración de los Derechos de la Mujer de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en España.
Según han explicado, la falta de interés por parte de las fiscalías autonómicas frente a denuncias individuales ha propiciado que estas 56 víctimas de todo el territorio español hayan presentado esta denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado, en un último intento de que sea el Estado, y no las víctimas, quien soporte la carga de la prueba con las consecuencias emocionales y económicas que esto supone.
Como afirma la abogada Nuria González, especialista en derechos de la mujer, «la desaparición forzada de bebés sustraídos a las mujeres en todos los lugares del mundo tiene como primera víctima a la propia madre». «Un delito de género que solamente perjudica a mujeres por ser las únicas que pueden dar a luz», ha explicado.
UNA SUBORDINACIÓN NORMALIZADA
Es por eso por lo que las denunciantes han decidido pedir «explicaciones directas» al Estado, por «sufrir el desamparo de los que más debían haberles protegido y que no lo hicieron», ni durante ese momento tan traumático, ni después.
Tal y como se recoge en la denuncia, «esta violencia sufrida por parte de las mujeres formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición».
El también abogado Rodrigo Lledó, ha explicado que «las prácticas ilegales de tráfico de bebés en España se mantuvieron hasta bien entrada la Democracia», por lo que no se está hablando de un fenómeno exclusivamente de la época franquista
La denuncia plantea, además, la comisión de otros delitos, como el de Alteración de la Filiación, exigiendo responsabilidad para aquellos que han decidido ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo o hija, entregándolos a terceros, negándoles su verdadera filiación y ocasionando que dichas personas vivan con documentación falseada.
OTROS DELITOS
Además, se denuncian delitos internacionales como la Desaparición Forzada Infantil y los Crímenes de lesa humanidad, así como delitos nacionales como la Falsedad documental o la Suposición de parto. «Que no se haya podido identificar al o la responsable no es óbice para desechar la investigación y no hacer los esfuerzos necesarios para indagar sobre las identidades arrebatadas y poner término al delito, posibilitando el reencuentro con sus madres», recoge el texto presentado.
El documento incide, además, en una visión más amplia de la Justicia, no sólo punitiva, sino también restaurativa o anamnética.
La presidenta de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles ‘Te Estamos Buscando’, que engloba a las denunciantes, María Bueno, ha afirmado que «es la Fiscalía quien debe realizar una investigación, dado que es ella la que tiene todas las herramientas necesarias para llegar hasta el fondo del asunto».
Según ha explicado, las víctimas están «defraudadas por la Justicia española hasta ahora», pero han decidido «darle una última oportunidad» a su lucha. «Si nos preguntan si después de los archivos masivos en las fiscalías provinciales aún tenemos esperanza en que esta denuncia prospere, las víctimas decimos: Rotundamente, sí. Los datos están ahí, se los hemos facilitado a la Fiscalía General del Estado y sólo es necesario que haya una voluntad real de acabar con la impunidad», ha concluido.
