Mercadona prevé comprar más de 115.000 toneladas de sandía en 2024, cifra que supone un incremento del 38% respecto a la campaña anterior y que refuerza su firme apuesta por el sector primario español, según informa en un comunicado.
En concreto, la cadena de supermercados arrancó la campaña de sandía en sus tiendas el pasado mes de abril y la previsión es que se alargue hasta el próximo mes de octubre.
De esta forma, prevé comercializar sandía procedente de campos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña gracias a los acuerdos estables que mantiene con 22 proveedores especialistas.
Elvira Guill, especialista de Mercadona, ha destacado que la compañía trabaja «estrechamente» con estos proveedores para «responder a las expectativas de los clientes, que demandan una sandía dulce, con el color rojo característico de esta fruta de verano y una textura jugosa y crujiente».
La compañía de supermercados físicos y de venta ‘online’ ofrece sandía nacional en dos formatos, entera y cortada, y trabaja las principales variedades de esta fruta como son Bengala, Red Jasper, Moon Gem, Fenway, Style, Bazman y Boston. «Es sin duda una de las frutas más demandadas por su gran contenido en agua, de ahí que trabajemos mano a mano con nuestros clientes y proveedores para definir la calidad que debemos ofrecer», ha señalado Guill.
El volumen de compras de sandía nacional previsto para la presente campaña responde a la apuesta de Mercadona por la fruta y verdura de proximidad y nacional.
En 2023 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 27.142 millones de euros, un 22% más que al año anterior. Una apuesta por el sector primario español que da como resultado que más del 85% de su surtido sea de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España.
Además, la cadena de supermercados defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supone un paso en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria nacional.
