Varias organizaciones de consumidores han denunciado que Meta se ha aprovechado del formato ‘Paga por suscripción o acepta publicidad’ para seguir utilizando sus servicios gratis para recopilar datos de sus usuarios de forma masiva, ya que solicita el consentimiento «de forma muy problemática», además de que infringe el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
Desde noviembre del año pasado, Meta ofrece un plan de suscripción sin publicidad en Europa para Instagram y Facebook, que tiene un precio de 9,99 euros al mes para la versión web o 12,99 euros mensuales para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.
Los usuarios que opten por continuar con la versión gratuita de las aplicaciones, en cambio, deben aceptar una serie de condiciones con los que permite a la red social recopilar sus datos a fin de mostrar anuncios personalizados.
La compañía introdujo este formato -conocido como ‘Acepta o Paga’- para alinearse con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, esto es, un conjunto de normas que buscan reforzar la protección de los datos personales y la libre circulación de estos datos en la Unión Europea.
Recientemente una serie de asociaciones pertenecientes a la Organización de Consumidores Europea (BEUC, por sus siglas en inglés), han denunciado a la compañía ante las respectivas autoridades nacionales de protección de datos por «el procesamiento masivo e ilegal de datos» que efectúa con el formato con el que actualmente trabaja, que obliga a pagar por una suscripción mensual para evitar el rastreo de información.
Entre los firmantes de la demanda se encuentra la Confederación española de Consumidores y Usuarios (CECU), así como otros países de la UE, como UFC-Que Choisir (Francia), dTest (República Checa), Poprad (Eslovaquia) y Consumentenbond (Países Bajos).
En concreto, estos grupos de consumidores alegan que el gigante tecnológico no respeta los principios de procesamiento de datos «justo» y que «no tiene una base jurídica válida para justificar la recopilación masiva de datos que realiza de los usuarios de Facebook e Instagram, porque la elección que impone a los usuarios no puede conducir a su consentimiento libre e informado».
Así lo ha explicado la BEUC en un comunicado, donde indica que la firma «alimenta el sistema de anuncios basado en vigilancia que rastrea a los consumidores en línea y recopila grandes cantidades de datos personales con el fin de mostrarles anuncios», siendo esta también «la principal forma en que Meta obtiene ganancias».
Este conjunto de asociaciones ha plasmado los motivos de su denuncia en un documento en el que asegura que Meta emplea toda la información que recopila de los usuarios de la modalidad gratuita «con fines de publicidad comportamental» y «para perfilar y agrupar automáticamente a los consumidores» según la probabilidad de que hagan clic en un anuncio o realicen una compra.
Para BEUC, esto en la práctica significa que se puede distinguir a los usuarios según su orientación sexual, estabilidad financiera, susceptibilidad a las adicciones y su estado emocional, entre otros factores.
Entendiendo que el procesamiento de esta información «es intrínsecamente injusto debido al uso que hace la empresa de su posición dominante» con más de 250 millones de usuarios en la UE, esta asociación también considera que la compañía «no demuestra que su tratamiento de datos se limite a lo necesario» y que «es cuestionable que el tratamiento de todos los aspectos de la vida de los consumidores sea necesario para orientar la publicidad hacia ellos».
Por otra parte, los miembros de BEUC creen que la forma en que Meta solicita el consentimiento del uso de datos a los usuarios -ofreciendo el formato gratuito frente a la suscripción- también «es muy problemática y viola las leyes europeas».
Debido a que Meta no ofrece un consentimiento «específico, informado e inequívoco», tal y como exige el reglamento de la UE, consideran que debe concluir cualquier procesamiento ilegal de datos personales de los consumidores, incluso con fines publicitarios, gracias a lo cual estaría en línea con el RGPD.
En la misma línea, a mediados de febrero, cerca de 30 organizaciones europeas por los derechos digitales se dirigieron dirigido al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) para instarle a votar en contra de la tarifa que obliga a pagar por la privacidad en las plataformas en línea al considerar que podría socavar el propio RGPD.
