La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha cargado este viernes contra el Gobierno por la «manipulación» del informe preliminar de la Comisión de Venecia, señalando que éste «no avala» la ley de amnistía como defienden desde Moncloa.
«Que desesperado debe estar Sánchez para recurrir a una burda manipulación como esta. En su afán por tapar la corrupción que le acorrala no le importa mentir incluso sobre borradores de las instituciones europeas», ha criticado García en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz del Grupo Popular en Congreso, Miguel Tellado, también han acusado al Gobierno de manipulación y de «tergiversar» el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía.
«Que el propio Gobierno se dedique a filtrar un borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistía antes de su debate y aprobación da muestras del nivel de desesperación en que está instalado», ha escrito Gamarra, añadiendo que en Moncloa «están desesperados» y han «tergiversado» el informe «para ocultar un varapalo».
Por su parte, Tellado ha acusado al Ejecutivo, también a través de X, de «manipular y mentir en todo». «El Gobierno de Sánchez se desmorona. Es el fin del sanchismo, un gobierno en descomposición», ha sentenciado el portavoz del PP.
Fuentes del PP en el Senado han señalado además que la Comisión de Venecia afea al Ejecutivo que la proposición de ley de amnistía se haga «sin informes y sin participación social» por la vía de urgencia, poniendo el foco en que «una ley de esta naturaleza no se puede hacer para personas concretas».
Según el PP, «es indeterminada en el objeto y el tiempo por eso es contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad penal» y «los delitos de malversación y corrupción están mal definidos»
«No entra en la división de poderes por ser un asunto de la constitucionalidad de un país», dice el PP.
CONSTITUCIÓN
Los ‘populares’ reiteran que «las amnistías deben cumplir con la Constitución» y que la Carta Magna española no las regula «pero si considera inconstitucionales los indultos generales». En este punto, el PP se fija en el punto 87 del informe de la Comisión, interpretándolo como que el organismo «considera que debería reformarse la Constitución antes de aprobar una ley de amnistía».
Las fuentes también denuncia que, a juicio del PP, «la ley adolece de indeterminación en cuanto a su objeto y ámbito temporal, por lo que sería contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad penal en el ámbito del estado de derecho». «Esta indeterminación se extiende a los delitos de malversación y corrupción por lo que podría cubrir delitos que nada tienen que ver con las tensiones sociales a las que obedece la ley de amnistía», señala.
El PP afirma, citando el punto 90 del informe, que «las leyes de amnistía no pueden elaborarse para cubrir a individuos específicos, sino que deben tener generalidad y abstracción». «La ley singular en este caso es discutible. Si no se cuida la proporcionalidad –ser el último remedio cuando no quepan otros, como la concesión de indultos particulares–, puede perderse el legítimo propósito de toda ley de amnistía que es llevar a la cohesión y la paz social», avisa.
Para el PP, la amnistía no puede producir «efectos hacia el futuro, sino únicamente sobre delitos cometidos en el pasado, cosa que la ley española no respeta».
«No caben diferenciaciones como las que hace la ley respecto de los delitos de terrorismo, esto es irrelevante si hay sentencia firme o no, u otras distinciones de este tipo», recalcan desde el PP, subrayando al mismo tiempo que «la malversación y la corrupción no están correctamente tipificadas como amnistiables porque la ley no pone de manifiesto suficientemente la necesidad de la existencia de un nexo causal definido en relación con el referéndum de 2017».
