Montana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok, a través de una ley que entrará en vigor el próximo año y que aviva el debate sobre el impacto y la seguridad de la popular aplicación de videos.
La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador, Greg Gianforte, y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más.
«TikTok no operará dentro de la jurisdicción territorial de Montana», se lee en el sitio web del estado a través de una copia de la ley recién creada.
Se considera una violación de la ley cada vez que «un usuario acceda a TikTok, reciba la capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok» y cada violación se castiga con una multa de 10 mil dólares por cada día en que ocurra.
Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones, con exposición a posibles multas diarias.
La decisión casi con seguridad será impugnada a través de demandas.
Los líderes políticos del estado han «pisoteado la libertad de expresión de cientos de miles de habitantes de Montana que usan la aplicación para expresarse, recabar información y desarrollar sus pequeños negocios, en nombre de un sentimiento antichino», dijo Keegan Medrano, director de políticas públicas en la sede de Montana de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés).
La prohibición tendrá efecto en 2024, pero será revertida si TikTok es adquirida por una compañía basada en un país que no sea designado por Estados Unidos como «adversario extranjero», reza la ley.
«El gobernador Gianforte firmó una ley que infringe los derechos de la Primera Enmienda de la gente de Montana por parte de una prohibición ilegal de TikTok», dijo una portavoz de la compañía.
«Queremos asegurarnos de que la gente de Montana pueda continuar usando TikTok para expresarse, ganarse la vida, y encontrar una comunidad», agregó.
TikTok ha sido enfática en decir que serán las cortes las que decidan en última instancia el carácter constitucional de la prohibición.
