La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado este lunes en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, las líneas generales de la política de su Departamento, entre las que destaca la nueva Ley de la Ciencia, aprobada el pasado martes en Consejo de Ministros.
«Esta nueva Ley es la mano que hoy España le tiende a la Ciencia, tras darle la espalda especialmente durante la última década, una década de recortes, que provocó precariedad en las carreras, la fuga de talento científico, la destrucción de miles de plazas públicas, el envejecimiento de las plantillas y un tapón para toda una generación de investigadores e investigadoras», ha señalado Morant durante su intervención.
De esta forma, defiende que esta nueva Ley «es uno de los instrumentos transformadores con los que España va a saldar su deuda histórica con la ciencia» y con los científicos e investigadores, «esenciales» para la sociedad, para la modernización de la economía y para el «éxito» en la transición ecológica y digital.
«Hoy tenemos la convicción, el compromiso, la hoja de ruta y los recursos necesarios para reparar un sistema fallido con el fin de que dé respuesta a las necesidades de nuestra comunidad científica e innovadora y haga de España un país atractivo para la Ciencia», afirma la ministra, que considera que la retención de talento es un «factor clave» para que España genere riqueza y asegure el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Para la responsable del Ministerio, esta nueva ley es «una ley coral», que parte del diálogo con «todos los agentes del sector y da soluciones reales a sus legítimas demandas», y que «cumple con la gran reivindicación histórica de la ciencia: blindar una financiación pública estable y creciente en I+D+i, acorde a la media europea». La ministra se refiere así a que, por primera vez, se incorpora por ley un compromiso con la financiación estable de la ciencia. En concreto, se refleja el objetivo de alcanzar una inversión pública en I+D del 1,25% del PIB en 2030 con la meta de llegar al 3% global (sumando la financiación privada) que propone la UE.
LAS 10 MEDIDAS PRINCIPALES DE LA NUEVA LEY
En la Comisión, la ministra ha detallado una decena de medidas recogidas en la nueva Ley, medidas con las que el Gobierno pretende que, en pocos años, «se mire este como el momento en que se transformó el sistema de Ciencia de España».
En particular, se ha referido a la aparición en la nueva Ley del modelo contractual indefinido, alineado con la reforma laboral pero que recoge las singularidades del sistema de ciencia; y el diseño de un nuevo itinerario postdoctoral en el que los contratos serán de hasta 6 años con una evaluación intermedia para promocionar en materia retributiva y una evaluación final para no tener que realizar todas las pruebas de acceso al sistema público;
También, ha mencionado el derecho a indemnización tras finalización de contrato, tanto para los contratados actualmente como los que están por contratar tras la entrada en vigor de la nueva Ley; el reconocimiento de los méritos en el extranjero u otros centros públicos para aquellos científicos al servicio de los Organismos Públicos de Invetigación (OPI); y la equiparación del personal técnico como personal de investigación.
Por último, ha hablado de que la nueva norma permita que los investigadores extranjeros no comunitarios que se presenten a plazas de funcionario y a los contratos laborales de la Ley, solo deban tener presencia regular en España en el momento del nombramiento o de la firma del contrato; el reconocimiento del personal investigador sanitario como investigador del Sistema Español de Ciencia; la reducción de las cargas administrativas; medidas concretas a favor de la igualdad de género; y el reconocimiento del valor de la ciencia como bien común al servicio de la ciudadanía.
Además de defender ante los senadores la reforma de la Ley, la ministra ha destacado otras políticas del Gobierno en el ámbito científico, como es el de dar condición de prioritario al personal científico y técnico, aprobando así la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años, y doblar en dos años el presupuesto destinado a contratos postdoctorales. Sólo con estas dos medidas, según Morant, en los próximos tres años se incorporarán 12.000 personas en el sistema público de ciencia.
