Òmnium Cultural ha anunciado este lunes que ha presentado una demanda ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior por las supuestas infiltraciones policiales en juventudes independentistas, según un comunicado.
En el escrito del 29 de julio, consultado por Europa Press, el abogado de Òmnium, Benet Salellas, interpone recurso contencioso administrativo por la protección de los derechos fundamentales, después de que su requerimiento del 6 de julio de 2022 ante el Ministerio del Interior haya sido desestimado por silencio administrativo.
En dicho requerimiento Òmnium instaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que «parara las prácticas ilegales de infiltración de agentes policiales en los movimientos juveniles e independentistas».
El escrito lo presentan en nombre de Òmnium, la Associació d’Estudiants en Defensa de l’Educació Pública y Joventuts d’Esquerra Republicana.
La entidad presenta la demanda por presunta vulneración de los derechos fundamentales de intimidad y asociación y también la desviación de poder.
En un comunicado de este lunes, ha asegurado que la supuesta intención de la policía de infiltrarse en juventudes independentistas forma parte «de la causa general del independentismo» y que, con ello, persigue criminalizar la disidencia política.
«Que la policía se infiltre en organizaciones juveniles democráticas es más propio de un régimen totalitario que de un estado de derecho», ha lamentado el presidente de la entidad, Xavier Antich, según el comunicado.
INFILTRACIÓN JUDICIAL
El escrito presentado narra que un agente de la policía nacional estuvo militando durante dos años en el Sepc, un colectivo vecinal y un ‘casal popular’.
También que agentes policiales «intentaron captar» a un militante del Jovent Republicà a raíz de su interés en entrar al cuerpo de Mossos d’Esquadra, a lo que supuestamente se ofrecieron a ayudarle.
Òmnium asegura que este supuesto intento de convertir al estudiante en un confidente «no se encuentra amparado normativamente» puesto que, según el escrito presentado, las dos organizaciones no están siendo investigadas por ningún delito ni han realizado ninguna actividad criminal.
