La Fiscalía de Málaga ha solicitado siete años y medio de prisión para el acusado del incendio de la Costa del Sol, ocurrido en agosto de 2012, a causa del cual fallecieron dos personas, otras cuatro resultaron heridas, además de que calcinó más de 8.500 hectáreas en varias localidades y que causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades.
Se le acusa de un delito de incendio forestal por imprudencia con peligro para la vida, en concurso con dos de homicidio por imprudencia y uno de lesiones, según el escrito inicial de la Fiscalía de Medio Ambiente, en el que se explica la forma en la que se produjo el fuego en una parcela de la localidad malagueña de Coín, desde donde se extendió a Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, Ojén y Monda.
El fiscal señala en sus conclusiones acusatorias, a las que ha tenido acceso Europa Press, que el procesado desempeñaba desde hacía seis meses labores de mantenimiento y cuidado de una vivienda ubicada en el paraje conocido como Barranco Blanco, de Coín. La finca era propiedad de un ciudadano belga que no residía de forma permanente en el lugar y con el que tenía un acuerdo verbal para dicha tareas.
El día del incendio había una temperatura ambiente de 37,6 grados, con una humedad relativa del aire de 18,1 por ciento y un viento de nueve kilómetros por ahora, «que en la hora siguiente ofrecería rachas máximas de hasta 34 kilómetros por hora con direcciones cambiantes», según las conclusiones provisionales de la acusación pública.
La probabilidad de ignición era del 80 por ciento y por tanto había «un índice de peligro de incendios de alarma extrema –peligro extremo–«. El acusado fue a realizar sus obligaciones, estando el dueño en su país, y antes de las 18.50 horas, con estas condiciones climatológicas, «de manera absolutamente irresponsable», encendió una hoguera para quema de poda de vegetación de jardinería.
Según el escrito de esta acusación, el acusado llevó a cabo esta acción supuestamente «careciendo de autorización administrativa para ello, incumpliendo normativas», como la de prevención de incendios forestales; además de «sin adoptar las mínimas medidas de precaución adecuadas». Así, «atizó la hoguera durante la combustión y la abandonó sin apagarla».
Presuntamente, restos incandescentes entraron en contacto con pastos secos lo que provocó su ignición, tras lo que se extendió por zonas colindantes en un primer frente. Asimismo, la Fiscalía explica que la orografía del terreno y el viento «se tradujo en una propagación cambiante del fuego».
Además, la baja humedad relativa del aire, «propia del viento terral imperante», hizo que se produjeran focos secundarios por la emisión de pavesas, con lo que «el incendio avanzó a saltos y con gran rapidez», explica el fiscal, apuntando que, «impulsado por el viento del norte, el incendio llegó a unos municipios de la costa y luego a otras localidades, al cambiar de dirección.
Se produjeron desalojos de viviendas por el fuego en dos zonas de Mijas, cuatro de Marbella y la localidad de Ojén al completo. El fuego se dio por controlado dos días después, el 2 de septiembre, y por extinguido el 4; afectando a 510 hectáreas de Coín, 163 de Alhaurín el Grande, 2.379 hectáreas en Mijas, 1.900 en Marbella y 3.394 hectáreas en Ojén. En total, 8.582 hectáreas, la mayoría de suelo forestal.
Según la acusación pública, la normativa recoge que se requiere una autorización para la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas u otros trabajos, así como para la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en zona de influencia forestal. Pero otro apartado prohíbe estas acciones en época de riesgo medio-alto.
En las tareas para controlar el fuego participaron policías locales de los municipios afectados, 42 técnicos, 75 agentes de medio ambiente, agentes de la Guardia Civil, 118 retenes especialistas, 12 bricas con 112 miembros en total, 132 componentes de dotaciones de autobombas, once aviones de carga, 100 bomberos, 30 helicópteros y unos 330 vehículos de transporte y extinción.
DAÑOS Y GASTOS
En cuanto a los daños a particulares, el fiscal señala que además de las dos personas fallecidas, ambas de nacionalidad alemana; otras cuatro resultaron heridas, tres de ellas de nacionalidad belga, de las que dos son menores de edad.
En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que indemnice a los herederos de los fallecidos con 90.000 euros a cada uno y con 2.500 euros a tres de los lesionados; mientras que al cuarto, que estuvo tres meses en la UCI del hospital de Nuremberg y presenta discapacidad física, la cantidad se determinará en la ejecución de sentencia.
Asimismo, la acusación pública solicita que indemnice a los particulares afectados por el incendio. En total, el fuego causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades, de las que 74 estaban en Marbella, más de un centenar en Ojén y la mayoría, 162, en Mijas.
Asimismo, señala que se estima en 12,2 millones de euros los daños tangibles en montes públicos gestionados por la Junta, en 86.856 euros el impacto producido sobre las aguas subterráneas, en 14 millones de euros los daños y gastos al Ayuntamiento de Ojén; 4,2 millones de euros al de Mijas, 57.000 euros al de Marbella, 4.878 euros al de Alhaurín el Grande y casi 10.000 euros al Consistorio de Coín.
En lo que respecta a gastos de extinción, para la Consejería de Medio Ambiente se contabilizan 814.000 euros, además de 521.991 euros correspondiente a la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía; mientras que 112.765 euros se corresponden con el Consorcio Provincial de Bomberos.
