La Fiscalía Anticorrupción ha interesado que la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, sea imputada por prevaricación y malversación en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.
Según avanza ABC y ha confirmado Europa Press en fuentes fiscales, esa reducción se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que presumiblemente causó un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros. También solicitan la imputación del ex consejero Juan José Güemes y de otros altos cargos.
Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.
Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales.
UNA RESOLUCIÓN QUE «NO EXISTIÓ»
Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».
Sin embargo, según precisó la Fiscalía en diciembre de 2020, no existía «una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».
OTRA IMPUTACIÓN PARA AGUIRRE
Con esta ya son dos las causas en las que el nombre de Esperanza Aguirre aparece, porque consta como imputada en la pieza 9 del ‘caso Púnica, relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño.
Aguirre figura como imputada en esta pieza desde septiembre de 2019, cuando el juez emitió un auto en el que dijo apreciar «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». «Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», indicó.
Su defensa ha solicitado recientemente al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que no amplíe el plazo de la investigación de esta pieza.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción informó a primeros de este mes de noviembre al Juzgado que no interesarán nuevas prórrogas en esta pieza separada por lo que el 29 de enero de 2022 –cuando expira la última– puede darse por terminada la fase de investigación.
«El motivo del presente escrito es poner de manifiesto la posición procesal del Ministerio Fiscal respecto al cierre de la instrucción, tratando con ello -pese al tiempo transcurrido- dotar de certeza procesal a todas las partes del procedimiento», dijeron en el escrito al que tuvo acceso Europa Press.
