Plus Ultra Líneas Aéreas ha aclarado que ha sido «totalmente transparente» con los datos, procesos y requerimientos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido, tras la apertura de diligencias por una juez que reclama al holding público el expediente para la ayuda a Plus Ultra.
En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de SEPI y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del consejo de administración, en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra.
La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.
La aerolínea ha asegurado que el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, Deloitte Legal como asesor jurídico y garante de los trámites administrativos y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), «todas ellas entidades independientes de la SEPI y de Plus Ultra Líneas Aéreas», dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas.
Asimismo, Plus Ultra ha defendido que la petición de la aerolínea contó con la consultora PwC para elaborar el «corporate review», en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado por la aerolínea.
«Estamos absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requerimientos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos de tales requerimientos», ha añadido.
En cualquier caso, Plus Ultra Líneas Aéreas ha afirmado que colaborará plenamente con el Juzgado en las diligencias abiertas con el objetivo de que se clarifiquen todos los puntos que se consideren necesarios y con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero.
La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.
«POSIBLE INFRACCIÓN PENAL»
En su resolución, la magistrada señala que los hechos que se incluyen en la denuncia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de «aquellas esenciales» para realizar estas averiguaciones.
Además, da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de Administración del SEPI «que deberán ser identificados». Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.
La denuncia se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios.
A juicio de los denunciantes, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como «más que razonable ‘notitia criminis'», apuntan la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.
Manos Limpias cuestiona que se pueda considerar esta empresa como estratégica, «cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España» y ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011, acumula unas pérdidas de 10 millones de euros y dispone de un «único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela (…), transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas».
«A ello hay que añadir que la dirección y el accionariado de la aerolínea, con el porcentaje del 47% está en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá (paraíso fiscal)» y que «el escándalo ya es objeto de una investigación en estancias europeas, promovidas por el eurodiputado Luis Garicano», añade la denuncia.
Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han expresado a Europa Press su disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.
Señalan que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Añaden también que no se trata de una subvención a fondo perdido, pues Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19.
Además, una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea, vigilando el cumplimiento del plan de viabilidad pactado en la operación.
