La diputada de Unidas Podemos Martina Velarde ha denunciado este martes durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la «vulneración de derechos» y el «atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes» que a su juicio supuso la pérdida del escaño de su compañero Alberto Rodríguez.
«Es la primera comisión tras la injusticia que se ha cometido con Alberto Rodríguez y para hablar de Justicia habría que hablar de la no vulneración de derechos, del suyo de esos 65.000 canarios que le han votado», ha espetado la parlamentaria al inicio de su intervención, asegurando además que la Justicia «es mucho peor hoy que ayer».
Todo ello en el marco de la comparecencia en la comisión del secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, que ha defendido el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinado al departamento dirigido por Pilar Llop. Con todo, la alusión de Velarde a Rodríguez no ha sido la única.
El diputado de Vox Luis Navarro se ha dirigido a Zapatero para cuestionarle directamente: «¿Comparte la opinión de su socio de gobierno de que el Tribunal Supremo es prevaricador por condenar a Rodríguez?». Al interrogatorio se ha sumado el representante del Partido Popular, Luis Santamaría, que ha preguntado al secretario de Estado si condena las críticas de la formación morada al Alto Tribunal.
Sendas preguntas se producen en relación al mensaje que la ministra de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Ione Belarra, cuestionase el fallo y acusase al Supremo de «prevaricación». «El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia», escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Este cruce de reproches llega después de que, el pasado viernes, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, decidiese finalmente ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y comunicase al condenado la pérdida de su escaño.
Batet tomó esa decisión a raíz de la sentencia del Alto Tribunal, que condenó al ya exdiputado de Unidas Podemos a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
