La ponente del informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y otros software espía, la liberal neerlandesa Sophie in’t Veld, ha dado por probado este martes el espionaje a 65 independentistas pese a basarse solo en artículos de prensa e informaciones como el informe del centro ‘CitizenLab’, y tras alegar falta de cooperación de las autoridades de España en este caso.
El informe preliminar sobre el uso de Pegasus en Polonia, España, Hungría, Grecia y Chipre, entre otros Estados miembros, da por confirmado el espionaje a 65 independentistas catalanes que destapó el centro ‘Citizen Lab’ en un informe en abril, de los cuales la mayoría 63 fueron infectados con Pegasus, al igual que hace referencia al que sufrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, en su caso en 2021.
En rueda de prensa durante la presentación del informe preliminar, que será objeto de enmiendas antes de que su versión final en marzo sea votada en la propia comisión y el Pleno de la Eurocámara, la eurodiputada liberal ha reconocido que el informe se basa en «asunciones» que se hacen eco de «mucha información, incluyendo la que no viene de medios».
En este punto ha criticado la falta de cooperación de las autoridades nacionales con la Eurocámara, al decir que los gobiernos son «los únicos que pueden aportar pruebas» sobre los supuestos casos de espionaje y por ello les ha invitado a presentar material si consideran que algunas asunciones de su informe son falsas.
«España es una situación delicada, tenemos poca información oficial pero hay indicaciones fuertes de que políticos y otras personas han sido espiados sin evidencias de que sean una amenaza inminente a la seguridad nacional», ha valorado In’t Veld, sobre la situación que afecta a los independentistas catalanes.
La ponente ha defendido que ante la falta de transparencia de los gobiernos, el Parlamento Europeo no puede quedarse «callado y ciego» y ha destacado que el informe muestra una «imagen que es difícil de negar» y tiene que ser un acicate para que los gobiernos investiguen y permitan comisiones parlamentarias.
«Los gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos y no al revés. Es preocupante que estas herramientas son usadas por gobiernos y no hay rendición de cuentas, creo que esto es preocupante en una democracia», ha subrayado la liberal holandesa, quien ha llamado la atención a las autoridades comunitarias para que se enfoquen en estos casos que, a su juicio, socavan la democracia en Europa.
Para In’t Veld, Europa actúa como una «democracia inmadura» al no confrontar la amenaza que representan estos casos e investigar los escándalos a nivel supranacional a través de Europol. Así, ha lamentado que para los políticos europeos es más fácil señalar la situación en Estados Unidos o Brasil que investigar los casos que afectan a la democracia y valores europeos.
INFORME PRELIMINAR
A lo largo del informe, la ponente detalla prácticas de supuesto espionaje en Estados miembros de la UE aunque en ningún momento aporta pruebas o nuevos detalles a los ya publicados en prensa los últimos años. En el caso de España, el texto apunta a «lagunas» en el marco legal para autorizar el seguimiento de personas, señalando que la protección legal es «obsoleta» y que la Inteligencia española trabaja con poca transparencia.
De esta forma, señala que pese a que el marco legal español parece dar una «consideración significativa» al permiso judicial para iniciar las labores de seguimiento de una persona, «en todo caso parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje».
«Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia», recoge el informe.
Las disposiciones legales para realizar tareas de seguimiento en España corresponden a un momento en el que la tecnología de vigilancia era menos avanzada y no existían programas como Pegasus, ahonda el informe de In’t Veld, que concluye que «las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente».
EL CNI ACTÚA CON POCA TRANSPARENCIA
Pese a que el informe no señala la autoría del espionaje en el caso de los dirigentes catalanes, centra gran parte de sus conclusiones en el papel del CNI, al que acusa de «haber estado envuelto en varios escándalos relacionados con la vigilancia» y de actuar con opacidad.
En este sentido, recalca que la Constitución española no permite el acceso a documentos o información relativa a los servicios de Inteligencia y el servicio de espionaje está ausente en el marco de la ley de transparencia. «Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia», apunta el informe.
También pone el foco sobre la ley de Secretos Oficiales de 1968, lamentando que se originó durante «la era franquista» y «su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España». «El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto», sostiene el texto preliminar.
En el caso del espionaje a Sánchez, el informe reconoce que «hay poca información disponible hasta ahora sobre los detalles, ya que fueron anunciados por el Gobierno y no fueron el resultado de una investigación de CitizenLab o cualquier otros servicios de investigación o periodistas de investigación». «Se ha informado en prensa de que el gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, sin embargo, esa información no ha sido confirmada», recoge el informe, que menciona que el caso está bajo investigación judicial.
