El rival del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación ‘morada’, Fernando Barredo, presentará este lunes ante los juzgados de Madrid una demanda en la que solicita que se anulen esas elecciones primarias por incumplir la normativa interna y que se celebren unas nuevas «con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos», para lo cual plantea una «fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados».
Barredo, que está representado en esta causa por la abogada y ex senadora de Podemos Celia Cánovas, ha preparado una demanda de protección y tutela civil de derechos fundamentales contra Podemos por una presunta vulneración del derecho a la participación previsto en el artículo 23 de la Constitución, razón por la cual considera «imperativa» la intervención del Ministerio Fiscal aún tratándose de un proceso civil.
La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en la que Iglesias fue reelegido como secretario general del partido con más del 90 por ciento de los votos, por haber vulnerado los estatutos y reglamentos de la organización política y, con ello, los derechos fundamentales de Barredo.
En consecuencia, reclama abrir una nueva Asamblea Ciudadana Estatal en la que se respeten las normas internas y que se lleve a cabo «con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados».
CANDIDATURAS «ILEGÍTIMAS»
Barredo señala que tales irregularidades consistieron, por un lado, en la aceptación de las candidaturas de Iglesias, así como de Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera, ya que el Código Ético de Podemos, que debe cumplirse para competir en unas elecciones primarias, limita «el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución».
En este sentido, menciona también el Documento Organizativo aprobado en la Segunda Asamblea Ciudadana Estatal, una «norma interna de obligado cumplimiento» que exigía como algo «imprescindible» establecer «un límite claro a las responsabilidades que se pueden tener en la organización, restringiendo los cargos de dedicación intensiva en Podemos a un máximo de dos, uno interno y otro externo».
Barredo recuerda que «los citados candidatos ocupaban y siguen ocupando, cada uno de ellos, dos cargos institucionales (externos), además de un cargo orgánico (interno)». Así, precisa que Iglesias era y es vicepresidente segundo del Gobierno, diputado nacional y secretario general de Podemos, mientras que Montero, Belarra y Vera eran y son diputadas y ministra de Igualdad, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Estado de Igualdad, respectivamente, así como miembros del Consejo Ciudadano del partido.
Para el demandante, está claro que «no podían ser candidatos en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal» y que, por ello, el Equipo Técnico –responsable de las elecciones primarias– «nunca debió aceptar las candidaturas indicadas».
UNA «INFRACCIÓN GROSERA»
Además, Barredo denuncia que, tras interrumpirse por el estado de alarma, el proceso electoral se reinició «sin previo aviso», hasta el punto de que asegura que él se enteró por los medios de comunicación, una «sorpresiva reanudación» –argumenta–, teniendo en cuenta que «persistían las condiciones objetivas de la suspensión», esto es, la pandemia de coronavirus y el estado de alarma.
Esto, recalca el escrito, supuso que mientras Barredo y los demás candidatos estaban sujetos a la fase cero de la cuarentena, «con libertades restringidas de reunión, de movilización y de participación política, sin poder hacer campaña», Iglesias y las otras candidatas de la lista oficialista «aparecían en los medios de información, especialmente las televisiones, cobrando mucha visibilidad, dando opiniones y respondiendo a preguntas sobre la Tercera Asamblea Estatal».
Llama la atención igualmente sobre el hecho de que el proceso de primarias se reactivó «con unas nuevas reglas» que permitieron alterar las candidaturas y los documentos presentados y cerrados en marzo sin los requisitos exigidos entonces, entre ellos los avales.
Y todo ello, resalta, con «la anómala circunstancia de que dicho Equipo Técnico, designado por la dirección del partido, estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista ‘Un Podemos Contigo-Equipo de Pablo Iglesias’, a pesar de que era el encargado de velar por la neutralidad del proceso de primarias».
Entre las principales irregularidades, Barredo apunta que el censo de inscritos en Podemos, que son los únicos que pueden votar en las elecciones primarias, no se cerró el 1 de marzo, como debía haberse hecho, sino que se abrió de nuevo con la reanudación del proceso electoral y no se cerró hasta el 2 de mayo, reprochando además que se mantuvo en «secreto» por parte del Equipo Técnico, lo cual considera «una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades» entre candidatos.
EL PRECEDENTE DE COLLADO VILLALBA
Barredo se apoya para sus reclamaciones en el precedente que sienta la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia Número 89 de Madrid, que declaró la nulidad del proceso de primarias en Podemos para las elecciones municipales en Collado Villalba por manipular los resultados. El demandante sostiene que la forma de proceder del partido ha sido la misma en ambas primarias.
Con este fallo, subraya, «ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas», que ya plasmó en «toda clase de denuncias» internas, que «ni siquiera fueron atendidas en más del 90 por ciento», y en una denuncia presentada el pasado mes de julio ante la Fiscalía Anticorrupción y ampliada en septiembre a raíz de «una carta anónima recibida por distintos dirigentes u candidatos de Podemos», y de la que –se queja– aún no ha obtenido respuesta.
En suma, Barredo acusa a Podemos de «alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte». «Todo lo acontecido en la Tercera Asamblea se puede resumir en ‘yo me lo guiso y yo me lo como'», afirma.
Para Barredo, no hay duda de que «estamos ante un caso de absoluta arbitrariedad en la aplicación de la normativa interna», cuya implementación –defiende– no debe admitir excepciones, ya que «generaría un agravio comparativo y un grave precedente exigir el cumplimiento o tolerar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias en función del candidato que se presenta».
