El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de la instrucción de ‘Tsunami Democràtic’, ha enviado al Tribunal Supremo la parte de la causa relativa al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg, investigados por este tribunal por su condición de aforados.
Este movimiento del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 llega después de que el alto tribunal acordase a finales de febrero abrir causa penal para investigar y, en su caso, enjuiciar a Puigdemont y Wagensberg por terrorismo en relación a los disturbios que siguieron a la sentencia de los líderes del ‘procés’, y que habrían sido orquestados por la plataforma independentista.
En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado acuerda remitir «testimonio íntegro de las actuaciones al Tribunal Supremo» después de que éste aceptase «la competencia para la instrucción» en lo relativo a sendos políticos.
Por otro lado, el juez García Castellón también insta de forma «urgente» a la traducción al francés del auto por el cual el Tribunal Supremo acordó abrir causa penal contra Puigdemont y Wagensberg para enviarlo a Suiza, a quien el magistrado ha solicitado cooperación.
SUIZA SE NEGÓ A AYUDAR AL JUEZ
Cabe recordar que las autoridades helvéticas se negaron el pasado mes de febrero a auxiliar al magistrado en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entendía que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición.
En un documento fechado el pasado mes de diciembre, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, las autoridades suizas solicitaban información sobre cómo podía afectar la Ley de Amnistía «a varios separatistas catalanes» en esta causa en concreto.
«Sería conveniente, entre otras cosas cuestiones, que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara», explicaba.
De esta forma, Suiza suspendió el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional respondiera a sus preguntas porque entendían, tras «examinar con la máxima atención» la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.
