El PP y Vox defenderán este jueves en el Pleno del Congreso sendas enmiendas de totalidad con las que pretenden parar la tramitación de la proposición de ley del PNV destinada a reformar la ley del Tribunal Constitucional para derogar tanto el recurso previo contra reformas estatutarias como las sanciones para los cargos públicos que incumplan sus sentencias. Los ‘populares’ quieren dejar la ley como está desde 2015, mientras que los de Santiago Abascal proponen poder aplicar ese recurso previo también a las leyes orgánicas.
El Congreso acordó tomar en consideración la proposición de ley del PNV el pasado mes de marzo. Ya la había tramitado a finales de 2016, en pleno debate político por las reticencias del Parlamento catalán a cumplir resoluciones del Alto Tribunal, pero aquella vez no llegó a aprobarse por sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y las posteriores disoluciones de las Cortes.
Por un lado, el PNV propone en su iniciativa derogar la reforma de 2015 que el PP aprobó con su mayoría absoluta para castigar a los cargos públicos que desoyen al Tribunal Constitucional. Los nacionalistas aceptan que incumplir las sentencias debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por multas menores.
UNA REFORMA DEL GOBIERNO RAJOY
En concreto, el texto que tramita el Congreso propone eliminar los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.
En su lugar, el PNV propone «imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar».
Precisamente el hecho de que la propuesta del PNV incluya algún tipo de sanción por incumplir las sentencias fue lo que posibilitó que el PSOE apoyara su tramitación tanto en 2016 como el pasado mes de marzo.
EL PSOE DEFIENDE EL RECURSO PREVIO DEL TC
Pero la proposición de ley del PNV también incluye la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo en 2015, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y ‘populares’.
Para los nacionalistas vascos, esta norma «acarrea riesgos» para la «estabilidad» del sistema porque «supera con creces el carácter jurisdiccional del control constitucional a posteriori que fue atribuido en el texto constitucional». Y, lo que considera aún más grave, «permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo».
El PSOE, en cambio, defiende ese recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como el ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Así lo dejó claro el socialista Odón Elorza en el debate del pasado mes de marzo, aclarando que el PSOE está «profundamente» en contra de derogar el recurso previo y que sólo acepta revisar la parte de las sanciones.
NUEVO DEBATE EN EL PLENO DEL CONGRESO
El PP, que en marzo ya votó en contra de admitir la propuesta del PNV, propone ahora un texto alternativo en el que defiende mantener la legislación del TC tal y como la dejó el Gobierno de Mariano Rajoy y que aún está en vigor, con el recurso previo y la posibilidad de suspender a los cargos públicos que desoigan sus sentencias.
Y Vox presentó otra enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que no entra en la parte de las sanciones y se centra en reivindicar el recurso previo de constitucionalidad para estatutos de autonomía y extender su aplicación a todos los proyectos de leyes orgánicos y sus posibles reformas.
Tras el debate de estas enmiendas de totalidad deberá decidir si continúa tramitando la iniciativa del PNV o la sustituye por alguno de los dos textos alternativos presentados. Todo apunta, dados los votos del pasado mes de marzo, a que la reforma de los nacionalistas seguirá su curso.
