En concreto, criticó la ausencia de personal de apoyo, de monitores preparados y de actividades adaptadas. Según datos de las declaraciones del IRPF de 2019, hay 131.956 menores con discapacidad en España, que tienen derecho a que una persona de apoyo pueda acompañarlos en estos campamentos para ayudarlos en lo que necesiten, indicó la entidad en un comunicado.
Con todo, «lo más importante es que las actividades y espacios estén adaptados y sean accesibles», apuntó. Según Yolanda de la Viuda, presidenta de la asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, “a partir de los 12 años no hay nada de campamentos ni de ocio inclusivos para nuestros hijos”.
Dijo que es preciso que existan «campamentos urbanos, sobre todo en julio y agosto por las mañanas», y reclamó que las instalaciones y las actividades sean «inclusivas» y que haya «monitores de apoyo formados en discapacidad y dependencia”.
«Varias familias de la asociación han sufrido «discriminación al intentar acceder a campamentos», aseguró. “Los argumentos son de todo tipo: no van a poder hacer las actividades, va a ser muy difícil… Evidentemente, no te dicen que no por la discapacidad del niño, porque sería denunciable, pero sí que ponen excusas”.
DISCRIMINACIÓN
Por todo ello, Predif instó a las administraciones públicas a velar y garantizar la inclusión en sus campamentos urbanos, «labor que no se está haciendo y que, año tras año, reclaman las entidades que trabajan para las personas con discapacidad y sus familias».
En opinión de De la Viuda, “las administraciones públicas tienen que dar respuesta para cumplir este derecho y que las familias no tengan que asociarse a todas las entidades que organizan actividades o campamentos inclusivos para tener opción a que sus hijos disfruten del ocio”.
Teresa Alaguero, madre de un niño con autismo y usuario de asistencia personal, afirmó que “los niños con discapacidad deben tener facilidades para poder integrarse como cualquier niño, y no solo acceder a espacios especializados”.
Según Predif, esta situación «es una clara discriminación contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad», que insta a tomar “todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás».
