JUCIL, una asociación de la Guardia Civil surgida de la plataforma Jusapol, ha presentado una querella contra la directora del Instituto Armado, María Gámez, por la orden en la que pagar a los agentes el concepto de productividad que, según calculan, podría superar en su conjunto los siete millones de euros.
Según esta asociación ‘hermana’ de JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, la Dirección General de la Guardia Civil adeuda entorno a los 100 euros «no cobrados en enero y febrero de este año», a razón de unos 50 euros por mes.
En un comunicado, JUCIL asegura que quiere que se esclarezca este problema, de ahí que presente una querella criminal contra la directora general por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y apropiación indebida. El origen del conflicto es la Orden General número 4, de 12 de febrero de 2021.
Al entender que puede haberse incurrido en un supuesto delito de administración desleal, la asociación –que no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil– pide que se dispongan fianza provisional por una cantidad de un millón de euros, «para asegurar así la restitución y reparación del daño y la posible indemnización por los perjuicios ocasionados».
JUCIL cree que se está incumpliendo el acuerdo de proceso de equiparación salarial sin abonar la parte correspondiente a productividad.
SENTENCIA DEL SUPREMO
El pago del complemento de productividad ha motivado diversas quejas de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, desde antes de la llegada del actual equipo del Ministerio del Interior.
Una de estas organizaciones, ASESGC, acudió al Tribunal Supremo después de que el TSJ de Madrid desestimara sus pretensiones contra la decisión de la Dirección General, que sostenía que este complemento de productividad no estaba directamente vinculado al de destino y, por tanto, no precisaba actualización inmediata.
La sentencia de 28 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de ASESGC contra la resolución de 11 de julio de 2017 de la Dirección General de la Guardia Civil, que denegó la solicitud de pago de diferencias por importe de 47,03 euros en concepto de «productividad estructural», de acuerdo a los Presupuestos de 2016.
El Supremo anula dicha resolución y declara el derecho del recurrente a percibir la suma de 47,03 euros, lo que ASESGC interpreta como la posibilidad de que miles de guardias civiles soliciten el reingreso de la misma cuantía.
