La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue si las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu han cumplido su pena de inhabilitación y que, en caso contrario, sean anuladas sus candidaturas.
El presidente de la asociación, Daniel Portero, ha interpuesto una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que pide al Ministerio Público que «proceda a la práctica de todas las diligencias que fueran necesarias y con la máxima diligencia», teniendo en cuenta que los comicios se celebrarán el próximo 28 de mayo.
En su escrito, DyJ alerta de que «están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».
«Amén de comprender un flagrante incumplimiento del artículo 9. 3 c) de la Ley Orgánica 6/2022, de 27 de junio, de Partidos Políticos, al incluir la formación política EH Bildu, en sus listas a personas condenadas por terrorismo, que daría lugar a su ilegalización», recoge la denuncia.
En este sentido, DyJ sostiene que «es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones», comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.
EXISTEN PRECEDENTES
Así las cosas, señala que «ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como es el caso de Iker Casanova Alonso».
«Otro precedente lo constituye el caso de Arnaldo Otegi», añade la denuncia, que recuerda que la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en agosto de 2016 excluir al actual líder de EH Bildu como candidato, «evitando así la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir».
La asociación acompaña su denuncia con varios anexos, entre los que se incluyen detalles sobre los candidatos de EH Bildu y sus respectivas condenas detalladas una a una.
