El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la creación de una comisión para investigar las irregularidades en la compra de mascarillas y material anticovid por parte del Gobierno y otras administraciones durante la pandemia del coronavirus. La iniciativa, promovida por el PSOE, ha contado con el apoyo de todo el hemiciclo salvo el PP, que ha optado por la abstención, y de Vox, que ha vogtado en contra.
Fue a finales de febrero, tras salir a la luz el ‘caso Koldo’ en el que está implicado un asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando los socialistas registraron esta comisión. Con ella pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado y también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones.
El PP ya había adelantado que no pensaba apoyarla porque se fía más de la que se ha creado en el Senado sobre el ‘caso Koldo’ y sus ramificaciones, y no ve posible investigar en el Congreso mientras lo presida la socialista Francina Armengol. De su lado, Vox, que dio su visto bueno a la de la Cámara Alta, también tenía decidido desde hace días votar en contra de la de Congreso, alegando que en el PSOE no están «capacitados» para exigir responsabilidades y solo buscan «esparcir dudas».
QUIEREN BUSCAR RESPONSABILIDADES
En la iniciativa registrada, los socialistas fijaron como primer objetivo «establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos».
Pero también se busca «investigar los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas» con el fin de «estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro».
Y es ahí donde los socialistas pretenden aprovechar para citar a presidentes autonómicos del PP, como al madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja está siendo investigada por fraude fiscal tras cobrar comisiones en la venta de material anticovid. De su lado, Junts quiere llamar a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad y ahora candidato socialista a la Generalitat, pues le responsabiliza de esa corrupción por no conocerla o por consentirla.
EN 2020 SE RECHAZÓ INVESTIGAR
En el año 2020 fue el PP quien pidió crear una Comisión Mixta (Congreso-Senado) para investigar la contratación en los meses de pandemia, pero entonces el PSOE y sus aliados lo desecharon. Lo que se creó fue una comisión de estudio para aprobar recomendaciones para la «reconstrucción» tras la pandemia.
Según explica el PSOE en su iniciativa, recogida por Europa Press, la pandemia del coronavirus puso de manifiesto que «los recursos de los que disponían en aquel momento los servicios públicos de sanidad, de protección civil y de servicios sociales» eran «dramáticamente insuficientes e inadecuados» y las administraciones públicas «se vieron desbordadas ante la exigencia perentoria de todo tipo de material de protección», en un mercado con «proveedores limitados».
En ese contexto de «enorme» demanda y reducida oferta se pusieron en práctica «mecanismos excepcionales de contratación pública rápida» que atemperaron algunos controles a fin de acelerar procedimientos. «A menos controles, menos garantías y más riesgos», admite el PSOE.
«OPORTUNISTAS, APROVECHADOS Y DELINCUENTES», PERO SIN NOMBRES
Y reconoce que «durante aquellos meses dramáticos también aparecieron oportunistas, aprovechados y delincuentes» de los que se ha tenido conocimiento «durante los últimos años», sin hacer alusión alguna a la trama de Koldo García Izaguire. «Resulta intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública, pero resulta especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia que se llevó por delante la vida de tantos hombres y mujeres», proclama.
Por todo ello, el PSOE considera «imprescindible» que el Congreso constituya una Comisión de Investigación que, en el plazo de cuatro meses, «aclare hechos, circunstancias y responsabilidades en torno a las circunstancias en las que se llevó a cabo la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 en la Administración Pública».
La intención de los socialistas es que este órgano quede constituido lo antes posible. El primer paso será que los grupos designen a sus representantes en la comisión, después tendrá lugar la constitución formal y los grupos podrán empezar a pactar la hoja de ruta de la investigación y la lista de comparecientes.
