El PSOE volverá a oponerse este miércoles a que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara han informado a favor de la admisión de esa iniciativa liderada por Unidas Podemos.
Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, sus representantes en la Mesa de la Cámara mantendrán su rechazo a la calificación de esta solicitud, que lleva también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG.
Así las cosas, la creación de esa comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso, como proponen los letrados de la Cámara en un informe en el que, por primera vez, avalan una investigación relativa al Rey emérito.
Nada más conocer este informe desde Unidas Podemos han pedido a sus socios de gobierno que cambie de posición y se abra a que el Congreso inicie indagaciones sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014.
Pero el PSOE ya tiene decidido no seguir el criterio fijado por los letrados y volverá a votar en contra de esta investigación como ha venido haciendo hasta la fecha ante iniciativas similares coincidiendo en su rechazo con el PP y Vox.
Según alegan, este asunto ya esta bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la Monarquía ni de la Jefatura del Estado. Para el Grupo Socialista, su posición es coherente con la doctrina de la Cámara.
YA FRENARON OTRA SOBRE LOS GAL
En todo caso, no será la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúe en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes.
El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos.
Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada ‘guerra sucia’ contra ETA.
En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una «posición política» y no por motivos reglamentarios.
