La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, y también ha rechazado recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.
Pero también pidieron, antes de las Navidades, que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esta segunda decisión debía ser aceptada por la Mesa de la Cámara, que así lo ha decidido este miércoles gracias a los seis votos de los dos grupos del Gobierno, que se han impuesto a los tres representantes de PP y Vox, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
AHORA, PLAZOS DE ENMIENDAS
Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.
Los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.
En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.
Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.
El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales –todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años–, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial».
EL CGPJ PIDIÓ SER OÍDO
El CGPJ reconoce que la petición de un informe de este tipo es «potestativa» en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse «dando audiencia a todos los sectores implicados».
Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.
Tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa alegando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional» y que la «maniobra» de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, «evidencia claramente que se trata de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas».
Ambos escritos han sido estudiados este miércoles en la Mesa del Congreso, así como un informe de los servicios jurídicos confirmando que la decisión de pedir o no informes corresponde al órgano de gobierno de la Cámara y que hay precedentes en uno u otro sentido. Con ese margen de maniobra, el PSOE y Unidas Podemos, de nuevo con el voto en contra de PP y Vox, han impuesto su criterio de no recabar informes a ningún órgano.
