Las principales carreteras y vías comarcales de España han sido colapsadas este martes por las protestas que agricultores y ganaderos han llevado a cabo con movilizaciones y tractoradas para defender el campo español y que continuarán durante las próximas semanas.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) piden que se elabore un «ambicioso» plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas.
Las organizaciones agrarias reclaman al Ejecutivo central soluciones inmediatas para abordar los problemas del campo relacionados con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, los precios y los costes de producción, la simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, así como cuestiones laborales y de Seguridad Social.
¿Qué piden los agricultores? Estas son sus principales demandas:
– Burocracia excesiva de la PAC
Consideran que la aplicación de la PAC implica demasiada burocracia y que esto genera unos costes «inasumibles» para los agricultores y ganaderos que, además, no permiten cumplir los objetivos en materia medioambiental. Por ello, piden flexibilizar y simplificar esta política europea.
En concreto, mencionan los ecoesquemas, a través de los cuales los agricultores pueden recibir pagos directos como un incentivo para que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente, y las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de la PAC para no ver reducidas sus ayudas.
Una de las quejas más repetidas por agricultores y ganaderos es que se sienten «asfixiados» por las normativas y que estas a menudo se diseñan a espaldas de la realidad agraria, por lo que solicitan al Gobierno que traslade a la Comisión Europea su petición de diálogo.
El problema de la excesiva burocracia también existe en asuntos que forman parte de las competencias de las comunidades autónomas, según las organizaciones agrarias, que piden reformas urgentes con el fin de simplificar los trámites.
– Competencia de productos agrarios importados
Las organizaciones lamentan que se importen productos agrarios procedentes de países de fuera de la Unión Europea que no cumplen las normas comunitarias y que, con sus bajos precios, presionan a la baja los precios de aquellos producidos en España y el resto de la UE. En su opinión, esto supone una competencia desleal que amenaza la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.
Para atajar este problema, piden que se paralicen las negociaciones de acuerdos de libre comercio como el de Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), que no se ratifique el acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las conversaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.
También reclaman al Gobierno de España que, con la supervisión de la Comisión Europea, aumente los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas que se importan desde este país cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.
En su opinión, es vital recuperar la preferencia comunitaria, un principio básico de la PAC que busca proteger los productos europeos de la competencia exterior.
Otra de las reivindicaciones es que el Ministerio de Agricultura cree un observatorio sobre las importaciones y que refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad mediante cláusulas espejo.
Estas cláusulas implican que los productos agrícolas y ganaderos que entran al territorio de la UE deben cumplir las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias que las establecidas en la UE.
– Bajos precios de venta de los productos agrícolas
Las organizaciones agrarias creen que en algunos casos los agricultores y ganaderos en España tienen que vender sus productos a unos precios tan bajos que no llegan a cubrir los costes de producción, mientras que los supermercados ofrecen luego esos productos al consumidor final a unos precios abusivos.
Frente a esta problemática, solicitan que se refuerce la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir las prácticas desleales y que, de esta manera, los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
Asimismo, ven necesario que la Agencia de Información y Control Alimentario aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
– Relevo generacional en el campo
En el sector preocupa la cuestión del relevo generacional en el campo y, para garantizarlo, ven preciso favorecer la incorporación de los jóvenes. Por ejemplo, asegurando el presupuesto necesario para ello, frenando la especulación y la compra de tierra por parte de fondos de inversión y otros agentes ajenos al sector agrario y facilitando el acceso de los jóvenes y de los nuevos agricultores a la tierra.
– Políticas de sanidad animal
Los ganaderos afirman sufrir las consecuencias de la lucha partidista de la que, en ocasiones, han sido objeto las cuestiones de sanidad animal en España. Frente a esto, reclaman una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo.