La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reunirá este miércoles con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y con representantes de la Asociación Española del Gas (Sedigas) y la Asociación Española de la Energía Eléctrica (Aelec) para recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas de cara al diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas.
En concreto, Ribera recibirá a Sánchez Galán por la mañana, mientras que por la tarde, a partir de las 16.30 horas, se reunirá con Sedigas y Aelec en la sede del Ministerio, según informó su Departamento.
Estos encuentros se enmarcan en la nueva ronda de conversaciones que Ribera ha iniciado con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil de cara al diseño del Plan de Contingencia.
De momento, Ribera se ha reunido ya con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, y con la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor.
Esta ronda de conversaciones se produce tras la convalidación en el Congreso, la semana pasada, del decreto de ahorro energético, que finalmente se tramitará como proyecto de ley para la inclusión de algunas modificaciones reclamadas por los socios de Gobierno.
El decreto, cuyas medidas se seguirán aplicando pese a su tramitación como proyecto de ley, recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Este plan de ahorro energético, que se completará con el diseño del Plan de Contingencia, limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.
Asímismo, obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y exige que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
El mismo decreto ley contiene también nuevas convocatorias de ayudas al transporte terrestre de mercancías, agiliza instalaciones de energía renovable y de almacenamiento y contempla la beca complementaria de 100 euros para toda persona beneficiaria de becas y ayudas al estudio anunciada por el presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la nación.
