La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma no fue «pacífica» al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo «fue garantista y respetuoso con los derechos fundamentales».
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha destacado que el «debate» vivido en el tribunal de garantías estuvo marcado por una «división clara», decidiéndose por seis votos a favor y cinco en contra. «Con cinco votos particulares muy clarificantes y confrontados con la otra posición: incluso el presidente dijo que no era favorable», ha recordado.
Además, Rodríguez ha puesto de manifiesto que «lo que concluye la sentencia es un mecanismo de protección», el estado de excepción, «más limitados de los derechos fundamentales» que el propio estado de alarma. De esta forma, ha incidido en que el Ejecutivo actuó en «momentos de pragmatismo» con el «absoluto convencimiento de que se estaba haciendo lo mejor».
«Fue una buena medida que tuvo como consecuencia la paralización del virus y fue aceptada de manera muy cívica por la ciudadanía», ha señalado la ministra portavoz, que ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo acudiese previamente al Parlamento para aprobar la medida con el consenso del resto de formaciones políticas.
«Imagínese», ha exclamado, asegurando que ella misma, entonces como alcaldesa de Puertollano, tuvo que tomar decisiones «que no se ajustaban a mecanismos ordinarios». «Pero era eso o no hacerlo, y ante la duda mejor pecar por acción que por omisión», ha justificado. Rodríguez ha puesto como ejemplo la compra de mascarillas, donde tuvieron que tomar decisiones sin seguir los «procesos de contratación y licitación» habituales. «Era obvio que, si no, no hubiesen llegado en tiempo y forma», ha añadido.
ES «INCUESTIONABLE» QUE EL ESTADO DE ALARMA SALVÓ VIDAS
En este contexto, la titular de Política Territorial ve «normal que el Gobierno defienda su posición» porque hay algo «incuestionable»: la «utilidad de las medidas» que tuvo que tomar en ese tiempo y que sirvieron para «salvar vidas», eso sí, gracias también a la «responsabilidad ciudadana». Eso sí, esto no quiere decir que el Ejecutivo no acepte y acate la sentencia, «como no puede ser de otra forma».
Por último, la ministra ha querido exponer otra «consideración» con respecto a la decisión adoptada por el Gobierno. «Todas las personas y los grupos políticos, incluso el recurrente, apoyaron esta decisión. Vox lo apoyó», ha zanjado.
Fue el pasado miércoles cuando el Pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías declaró inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación de la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
La resolución salió adelante por una ajustada mayoría, formulando votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En la votación fue decisiva la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, quien se inclinó por la inconstitucionalidad del decreto-ley dictado por el Gobierno.
