El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el verificador que participe en las reuniones entre PSOE y ERC, fruto del acuerdo de investidura sellado entre ambas formaciones, será una persona distinta a la que ejerce esa función en los encuentros con Junts, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.
En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que «en principio» será una persona distinta y tendrán mesas de interlocución diferentes con ambas formaciones.
Sin embargo, ha señalado que están hablando «de los mismos temas» tanto con ERC y Junts y le gustaría que se pudiera llegar a un proceso de negociación en la que estuvieran esas dos formaciones aunque considera que eso ahora mismo es «muy prematuro» y está «muy verde».
REPROCHA QUE EL GOBIERNO DE AZNAR SE REUNIÓ CON ETA EN GINEBRA
Además, Sánchez ha justificado la reunión que se llevó a cabo este sábado en Ginebra entre PSOE y Junts y ha admitido que se celebra en esa ciudad porque el expresidente catalán, Carles Puigdemont (Junts), que participa en las reuniones, se encuentra fuera de España, huido de la justicia por los hechos del procès.
Al ser replicado que Puigdemont reside en Waterloo, cerca de Bruselas y no en Ginebra, Sánchez responde que el lugar elegido es una decisión que se toma entre los dos partidos. A continuación, al hacerle ver que Ginebra es un lugar de especial simbolismo para la resolución de conflictos, ha lanzado que el Gobierno de José María Aznar, que esta misma mañana concedía una entrevista, mantuvo reuniones con la banda terrorista ETA en esta misma localidad, cuando la organización estaba en activo.
En este sentido dice que la derecha siempre busca cualquier excusa para obstaculizar lo que su juicio son «propósitos nobles», es decir la convivencia y la superación de un contencioso territorial que ha provocado mucho dolor en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española, según ha expresado.
Asimismo ha rechazado que esta reunión se llevase a cabo con secretismo sino con la «debida discreción», ha señalado que ha sido la primera de otras muchas que se celebrarán próximamente y que la política necesita «espacios de discreción». Repite además que la Constitución será el marco de cualquier acuerdo y cuando haya un pacto se dará a conocer a la opinión pública.
«EL PP YA NO CUESTIONA LOS INDULTOS»
En esta misma línea, Sánchez defiende que la ley de amnistía que favorecerá a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña en 2017, se lleva a cabo en un «contexto concreto», por un lado frenar un Gobierno de PP y Vox, con las consecuencias que, según señala, podría tener para Cataluña.
Por el otro lado, señala que un Gobierno «progresista, apoyado en los nacionalistas desde fuera» puede provocar el «reencuentro total» entre la sociedad catalana que todavía queda por culminar, según ha señalado.
Sánchez ha defendido que la amnistía, igual que dijo antes con los indultos a los líderes independentistas condenados, significa «poner el contador a cero» aunque matiza que no supone «poner la memoria a cero» porque deben extraerse lecciones de lo ocurrido. Apunta además que a su juicio, a día de hoy ni siquiera en el PP ponen en cuestión los indultos y los efectos positivos que conllevaron.
Después de todo lo sucedido, considera que el PP «vuelve a las andadas» y utiliza de nuevo la cuestión catalana como un asunto «de agravio territorial y de confrontación entre los pueblos de España y los ciudadanos», según ha indicado. Por el contrario piensa que las lecciones que deben aprenderse son: abogar por la normalización de la política en esta comunidad y superar los conflictos desde la política, siempre dentro del marco constitucional.
¿PUIGDEMONT DEBE RENDIR CUENTAS?
Sánchez, a pesar de que antes de las elecciones del 23J se manifestaba radicalmente en contra de conceder una amnistía, insiste ahora en que tanto esta medida como los indultos eran pasos que iban a tener que dar «antes o después».
Finalmente indica que más allá de las motivaciones, lo importante es el propósito con el que se concede la amnistía, «propiciar un contexto de normalización política social y económica en Cataluña» y también llevar a cabo un agenda «de avances sociales» mediante el Gobierno de coalición con Sumar.
Por último, al ser cuestionado sobre si el expresidente Puigdemont debe rendir cuentas ante la Justicia, como sostenía antes de necesitar los votos de Junts para ser presidente, dice que es un debate legítimo pero lo más relevante es superar lo que sucedió en 2017.
