El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como ‘Ley de secretos oficiales’ que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.
La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y, en algunos casos, podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.
De este modo, el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.
La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.
ROBLES DIO EL VISTO BUENO
Este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba.
Con todo, en Moncloa consideran «lógico» que esta tarea quede en manos de un ministerio «transversal» y de «coordinación interministerial» como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.
Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley en que la normativa vigente es de 1968 y, por tanto, «predemocrática» y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.
PROCEDIMIENTO PARA DESCLASIFICAR INFORMACIÓN
En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional –que ahora recae en Presidencia– para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.
Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial «corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor».
Y en el artículo séptimo explicita que «la cancelación de cualquiera de las calificaciones» previstas en la citada Ley «será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración».
EN LA COMPARECENCIA POR ‘PEGASUS’
El presidente Sánchez anunció que llevaría a cabo una reforma de esta ley el pasado 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante su intervención para dar cuenta del ‘caso Pegasus’ de espionaje, que afectaba, entre otros, a líderes independentistas catalanes. Ese día también aseguró que llevaría a cabo una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para aumentar su control. Solo unos días antes había cesado a la directora del centro, Paz Esteban.
Ya en el mes de julio, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley en el mes en curso. Hizo el anuncio durante su turno de réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Precisamente el PNV es el autor de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68 que el Congreso aceptó tramitar al principio de la legislatura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno decidió darla por enterrada e impulsar la reforma a través de un proyecto de ley.
