El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a los grupos parlamentarios pactar una serie de medidas que ayuden a garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación para garantizar así una «información veraz» a los ciudadanos e impedir que haya partidos políticos que puedan «comprar» líneas editoriales.
Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha esgrimido que lo que hay que hacer es trasponer a la legislación española lo que exige el reglamento europeo de medios de comunicación aprobado hace unos meses, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, también los populares, y con la excepción de la ultraderecha, en la Eurocámara. «Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España», ha sostenido.
En este sentido, ha incidido en que dicho reglamento plantea que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también la injerencia de actores extranjeros».
EVITAR PRESIONES DE POLÍTICOS Y EMPRESAS
Sánchez ha defendido la necesidad de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes».
Para este fin actualizará la Ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada hace 20 años, «cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales».
En la misma línea sostiene que impulsará medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información
100 MILLONES PARA DIGITALIZACIÓN DE MEDIOS
En este sentido, ha anunciado un paquete de 100 millones de euros para ayudas a la digitalización de medios de comunicación que lo necesiten con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y la calidad informativa y reforzar la ciberseguridad.
También ha adelantado que el Gobierno quiere «reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía». «Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas» para lo cual se propondrá «una nueva reforma de la Ley Mordaza».
Con este paquete, ha puntualizado Sánchez, lo que se busca en último término es reforzar el correcto funcionamiento de la democracia y la libertad de expresión y garantizar el derecho a una información veraz.
«Evidentemente no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios de comunicación», ha manifestado, esgrimiendo que esa fiabilidad «se la tienen que dar los ciudadanos, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa», justificando así sus propuestas.
LA CNMC SERÁ SUPERVISOR
También pretende poner en marcha mecanismos para evitar «la concentración de medios de comunicación en pocas manos» y para proteger el derecho de los ciudadanos frente a los medios y las grandes plataformas digitales de recibir información veraz.
Sánchez ha concretado además que ampliará las funciones y capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para garantizar la supervisión y el cumplimiento de todas estas medidas a las que mandata Bruselas.
EL 90% DE LOS ESPAÑOLES RECIBE BULOS
Sánchez defendió la necesidad de llevar a cabo esta serie de medidas, al alertar de que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente, y al 86% le cuesta distinguir lo que son noticias verdaderas de bulos, que se expanden rápidamente a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, según ha indicado, y llevan a los ciudadanos a distorsionar algunas cuestiones de la realidad.
A su juicio esta difusión de bulos provoca que, por ejemplo, el 18% de los españoles consideren que la economía nacional está en crisis «cuando en realidad es una de las más prósperas de Europa», sostiene, o que el 34% de los ciudadanos tengan miedo a que su casa sea ocupada, «cuando es un problema que afecta a menos del 0,3%», añade.
Sánchez advierte de que ninguna de estas percepciones distorsionadas es «casual o inocente» si no que hay quien dedica tiempo y recursos a esparcir noticias falsas con el objetivo de erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones.
