El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha archivado parte de la causa en la que se investiga la presunta financiación irregular de Podemos, ordenando el sobreseimiento provisional en relación con el delito de administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido político.
La investigación en torno a este posible delito parte de la denuncia realizada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente que, entre otras muchas cosas, sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.
En concreto, Calvente señaló una petición de 50.000 euros que hizo #404 Comunicación Popular a la Caja de Solidaridad. El juez Juan José Escalonilla no ha podido confirmar en sus diligencias si esa solicitud se autorizó pero sí ha confirmado que los ‘morados’ hicieron al menos tres transferencias de 10.000 euros a dicha asociación y que está integrada en su mayoría por miembros de Podemos.
Sin embargo, Escalonilla considera que «no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables
por dicha Caja de Solidaridad», según su auto, adelantado por La Información y al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, ha estimado que «los hechos descritos en los antecedentes de hecho de la presente resolución no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral», por la cual ha acordado «el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto de dicho delito».
LOS CONTRATOS CON NEURONA
La causa instruida en el juzgado 42 de Madrid se basa en los hechos denunciados por Calvente en diciembre de 2019, en concreto cuatro supuestos ilícitos: el destino de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional; y los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa.
La Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
En el caso de Neurona, el Ministerio Público aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo», indicando que «es una empresa creada ‘ad hoc'» cuyo objeto real sería «la propia financiación del partido desde la cuenta electoral».
El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos –fraude electoral y falsedad en documento mercantil– en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.
No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid ha aclarado esta semana que «ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometidos por persona jurídica, más aún en el supuesto del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales».
Con todo ello, ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque «resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
