El Ministerio de Igualdad ha reconocido en muchas ocasiones su intención de que la Ley Trans esté aprobada antes de que termine 2022. Para ello, la titular del ramo, Irene Montero, solicitó el trámite de urgencia de la misma en el Congreso –que reduce los plazos habituales en este proceso– y llamó al PSOE, que preside la Comisión de Igualdad en donde se debate la norma, a que cerrara el trámite de ponencia de la misma el 18 de noviembre.
Un día antes de que se cumpla esta fecha, dicha Comisión de Igualdad del Congreso, presidida por la socialista Carmen Calvo y una de las voces más críticas con la norma, no ha convocado aún ninguna sesión de la ponencia. Este es el primer órgano en el que los grupos parlamentarios negocian la introducción, o no, en el texto de las enmiendas que han presentado antes de que la norma definitiva sea aprobada en la Comisión.
Fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que la próxima semana hay convocada una reunión de la mesa y los portavoces de dicho órgano en la que, previsiblemente, se empezarán a establecer las fechas hasta la aprobación de la ley.
Las exigencias de Montero se produjeron a finales del mes de octubre. El mismo día en el que el PSOE pidió una ampliación de plazo de una semana para la presentación de enmiendas a la norma. Una decisión por la que la ministra mostró su «preocupación». Desde el departamento que dirigen advertían que esta norma no podía sufrir más retrasos para llegar a su aprobación antes de que acabe el año.
DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS EN EL GOBIERNO
La Ley Trans ha sido uno de los textos más discutidos entre los dos partidos socios en el Gobierno, principalmente, por el artículo que tiene que ver con la autodeterminación de género del colectivo y, más en concreto, en lo que respecta a los menores de edad.
Mientras Podemos apoya que el cambio registral de nombre sea posible, sin más condición que el deseo expreso del interesado, a partir de los 14 años, los socialistas quieren que esta edad se eleve hasta los 16 y que los menores entre 12 y 16 años necesiten un aval judicial para ello. En el texto de Igualdad, esta exigencia es para los menores de entre 12 y 14 años.
Del mismo modo, el PSOE quiere endurecer el proceso de reversión del cambio de sexo en el registro. Para estos casos también propone obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado.
LAS SOLICITUDES DEL PP
El Ministerio de Igualdad debe enfrentarse, además, al principal partido de la oposición, que está en contra de la norma y del trámite de urgencia que ha solicitado Montero.
Tras presentar una enmienda a la totalidad al texto, pidiendo su devolución al Ejecutivo, los ‘populares’ han registrado una solicitud de trámite de comparecencias, con el objetivo, según han explicado, de que expertos y familias acudan al Congreso ha explicar su posición sobre la norma. Además, han pedido al Ministerio, también a través de la Cámara baja, todos los informes preceptivos de la Ley Trans que, según denuncia el PP, no se han presentado.
Los de Alberto Núñez Feijóo han registrado, además, una avocación para la norma, un proceso para que el texto no pueda ser aprobado de forma definitiva en la Comisión de Igualdad, que cuenta con competencia legislativa plena, sino que deba ser ratificada por el Pleno de la Cámara.
