El PNV quiere que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclare este miércoles al Congreso qué está haciendo su departamento respecto a las irregularidades que investiga la Justicia en la adjudicaciones de contratos de la Guardia Civil a determinados empresarios en el conocido como ‘caso Cuarteles’ y, en concreto, si se está obstaculizando la actuación de la jueza de Madrid que lleva el asunto, María Isabel Durantez.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha explicado que su formación ha optado por dirigir su pregunta del Pleno de control al Gobierno a Marlaska tras conocer que la titular de Sanidad, Carolina Darias, a quien iban a interrogar sobre el uso médico del cannabis, finalmente no iba a acudir a la sesión, pese a que inicialmente sí estaba prevista su presencia en el Congreso.
Esteban ha mostrado su preocupación por los datos que apuntan a la existencia de «componendas y supuesta corrupción dentro de la Guardia Civil» y ha criticado que en el hemiciclo no se pueda criticar a la Benemérita, la Policía o el Ejército porque eso, ha avisado, propicia que algunos de quienes las integran se consideren «intocables».
A su juicio, Grande-Marlaska debe detallar qué ha hecho para investigar este asunto, cómo está actualmente la situación y, especialmente si su departamento está colaborando con la Justicia. «Me preocupa enormemente que a la jueza le estén negando documentación», ha incidido.
¿QUE HAN HECHO CON ‘MEDIADOR’?
Además, el ministro del Interior tendrá que responder a la portavoz del ramo del PP, Ana Belén Vázquez sobre las actuaciones que está llevando a cabo su departamento para esclarecer la trama ‘Mediador’ de la que era presunto cabecilla el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado ‘tito Berni’.
El PP pone en duda que Grande-Marlaska se enterase por la prensa de la investigación al exparlamentario, ya que desde el primer momento se detuvo a un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa Navas, y eso implicaría que se avisó a la directora general del Instituto, la socialista María Gámez.
El PSOE viene asegurando que forzó la renuncia al acta de Fuentes Curbelo, apodado ‘Tito Berni’, el 14 de febrero, antes de que trascendieran los detalles de la trama por la que fue detenido días después.
El presunto caso de corrupción saltó a los medios el 14 de febrero e inicialmente se informó de la detención de un exdirector de ganadería del gobierno canario, Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado.
En esas primeras informaciones se dijo que el juez instructor de Tenerife también estaba investigando a Fuentes Curbelo, predecesor en el cargo de su sobrino. Sin embargo, su detención no se produjo hasta una semana después, en el curso del registro de su domicilio en la isla de Fuerteventura.
Grande-Marlaska afirma ante los medios que se enteró de este caso al mismo tiempo que los medios, asegurando que «cuando las causas están secretas» las tiene «como el resto de la sociedad».
INFILTRACIÓN DE POLICÍAS
El titular de Interior tendrá que afrontar otra pregunta en la sesión plenaria del miércoles, una de ERC sobre la infiltración de policías en movimientos sociales. El partido independentista quiere que Grande-Marlaska desvele «la postura» de su cartera respecto a estas infiltraciones.
El portavoz de la formación, Gabriel Rufián, ya ha sacado el tema al presidente, Pedro Sánchez, también en una sesión de control. Además, ERC y otros aliados del Gobierno, como Bildu, Más País o Compromís y formaciones independentistas como Junts y la CUP, han solicitado la comparecencia del ministro para dar detalles sobre la infiltración, que duró tres años, e incluso han pedido un Pleno monográfico del jefe del Ejecutivo para que dé cuenta de estas investigaciones policiales.
Si no da explicaciones, los independentistas ya han anunciado su intención de llevar este tema a la nueva comisión de investigación sobre las llamadas ‘cloacas’ de Interior, con la que el PSOE quería centrarse sólo en señalar al PP y la trama Kitchen, urdida presuntamente para sustraer pruebas al extesorero Luis Bárcenas.
