Solo un 60 por ciento de los centros sanitarios públicos en España cuentan con oferta para la atención de la salud mental (Psiquiatría y Psicología Clínica), según el estudio ‘La Salud Mental en España’, realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y promovido por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF).
El informe ha sido presentado este martes en el I Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, formado por organizaciones como Cáritas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja, IMSERSO, Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) o UNICEF España.
El estudio busca arrojar luz y aglutinar en un mismo documento los datos disponibles sobre la prevalencia, causas, factores de riesgo, sistemas y recursos de atención asociados a los problemas de salud mental, así como varias recomendaciones para su evolución y mejora.
El informe ha recomendado integrar los procesos asistenciales de salud mental en la red de más de 22.000 farmacias españolas. En concreto, considera que los farmacéuticos podrían ayudar a «identificar signos y síntomas, ofrecer consejo y educación sanitaria de promoción de la salud, detectar situaciones de vulnerabilidad y reforzar la implementación de las campañas de prevención de problemas graves de salud mental, incluido el suicidio».
Su recomendación es que las farmacias actúen como «una red centinela y sensores fundamentales» para la derivación a los servicios de Atención Primaria o Especializada, así como para la «optimización y uso responsable de los medicamentos y la mejora de la adherencia terapéutica».
«La red de farmacias constituye un sensor fundamental en este sentido para la derivación a los servicios de atención primaria o especializada, así como para la optimización y uso responsable de los medicamentos y la mejora de la adherencia terapéutica», han insistido.
El presidente de los farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha instado a mejorar la lucha contra los problemas de salud mental, una «segunda pandemia» tras la COVID-19, pero que se manifiesta en la sociedad de manera «silenciosa».
«Una de las principales conclusiones del informe es que aún nos queda un larguísimo camino por recorrer. A raíz de la pandemia se ha puesto más el foco en la salud mental. Los datos ponen de manifiesto la necesidad apremiante de actuar. Para ello, contamos con una gran red de farmacias, la más extensa y capilar de toda Europa, una estructura sanitaria al servicio de la sociedad», ha apuntado.
Al hilo, Aguilar ha remachado que «la participación de los 55.500 farmacéuticos comunitarios en la educación sanitaria, la prevención e identificación de factores de riesgo y primeros sintomas puede ser clave para afrontar el gran reto de la Salud Mental».
LAS CIFRAS DE LA SALUD MENTAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2019 casi 1.000 millones de personas estaban afectadas por algún tipo de trastorno mental y que, para 2030, será la primera causa de pérdida de vida saludable.
De acuerdo con el informe, la ratio media de psiquiatras por 100.000 habitantes en España es 8,0, muy por debajo de la de Bélgica (20,3), Holanda (20,1), Francia (14,1), Grecia (14,1) o Italia (10,9).
Igualmente, el documento apunta que la ratio de psiquiatras por cada 100.000 habitantes en el total del territorio nacional aumentó desde 7,8 en el año 2010 hasta 9,8 en el año 2019. Las CCAA con mayor ratio de psiquiatras por 100.000 habitantes en 2019 fueron País Vasco (12,9), Cataluña (12,5) y Asturias (12,0), mientras que las que tienen menor ratio de psiquiatras por 100.000 habitantes en 2019 fueron Murcia (5,2), Extremadura (5,5) y Comunidad Valenciana (6,0).
Así, denuncia que las diferencias de «prioridades, enfoques y necesidades percibidas» entre comunidades autónomas son «enormes» y se evidencian en las diferencias de cobertura asistencial: la comunidad con mayor ratio (País Vasco, 12,9 en 2019) duplica largamente a la de menor ratio (Murcia, 5,2 mismo año).
Mientras tanto, el informe esgrime que España se encuentra entre los países con más consumo de psicofármacos. «Pero las recomendaciones de las guías clínicas para el tratamiento de la depresión y la ansiedad (de lejos, las más comunes en la población) indican como primera opción de tratamiento la psicoterapia», insisten.
Así, critican que en España, al igual que en todo el mundo, existe una «importante brecha de tratamiento»: «Se calcula que alrededor del 40 por ciento de las personas que necesitan tratamiento especializado no lo están recibiendo».
RECOMENDACIONES
Ximena Goldberg, profesora de investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona, ha presentado los aspectos principales del estudio. Entre las conclusiones expuestas, ha destacado que existe un «amplio consenso» sobre el conjunto de los determinantes que afectan a salud mental. «Sin embargo, no ha sido hasta hace poco que se ha reconocido su altísima prevalencia en la población española», ha precisado.
La experta ha detallado que la violencia interpersonal, el desempleo, estilos de vida poco saludables o la soledad, entre otros, son factores de riesgo «muchas veces modificables y prevenibles, para lo cual es fundamental ahondar en la perspectiva comunitaria de los servicios».
Asimismo, a partir del estudio, el Consejo General ha creado un decálogo que propone mejoras para garantizar un sistema de atención salud mental de calidad y que se resumen en las diez siguientes: fomento de la atención comunitaria, desarrollo de modelos colaborativos, inversión en formación y capacitación, redistribución igualitaria de los recursos, reducción de la brecha entre lo rural y urbano, priorización del contacto directo, foco en los grupos vulnerables, incorporación de nuevas tecnologías, planificación anticipada y evaluación continua.
En primer lugar, los farmacéuticos instan a integrar la salud mental en la Atención Primaria y Comunitaria. «Hay que crear y fomentar modelos organizativos que prioricen y permitan la integración de la salud mental también en la atención primaria y comunitaria, que faciliten la implantación de acciones preventivas, así como una respuesta rápida ante los primeros síntomas», recoge el texto.
Otra de sus medidas es alcanzar un reparto «equitativo» de recursos entre comunidades autónomas que refleje «las necesidades poblaciones reales en términos de incidencia, prevalencia, riesgo y tratamiento»; así como aumentar la formación y capacitación de todos los profesionales en Salud Mental y en prácticas colaborativas de asistencia.
