Subir del 0,7% al 1% la recaudación de la X solidaria, desarrollar el estatuto jurídico para las entidades sociales o redirigir la financiación que a través de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia se está haciendo al sector, son algunas de las peticiones que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) va a trasladar al futuro Gobierno que se forme tras las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Este lunes, el CERMI ha celebrado su Asamblea de Representantes, que ha sido inaugurada por el presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en la que se ha logrado un acuerdo unánime en relación a las medidas que se exigirán en la nueva legislatura que comenzará previsiblemente tras los comicios.
Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge en total seis reclamaciones entre las que destaca la petición de llevar a cabo «con celeridad» las modificaciones legislativas pertinentes para «elevar del 0,7% vigente al 1% la asignación tributaria de interés social, tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades».
El objetivo, según recoge el CERMI en el texto, es «generar un mayor nivel de recursos destinados a la imprescindible labor de extensión de los derechos, la cohesión y la inclusión sociales que viene realizando el tercer sector de acción social».
Además, quiere que el nuevo Gobierno «promueva con urgencia un acuerdo global con vocación de permanencia con las comunidades y ciudades autónomas y la Plataforma del Tercer Sector sobre la asignación tributaria incrementada al 1% de interés social que confiera certeza y estabilidad a esta línea básica de financiación del tercer sector de acción social».
DAR «CONTINUIDAD» A LOS PROGRAMAS
Según señala la entidad, esto permitiría «la continuidad, la ampliación y el despliegue de los programas y proyectos que en los planos estatal y autonómico llevan a cabo las entidades sociales».
No es la primera vez que las ONG reclaman esta modificación a las instituciones del Estado. Desde la Plataforma del Tercer Sector se ha lanzado esta propuesta en otras ocasiones e, incluso, el PP llegó a registrar en 2021 una proposición no de ley en el Congreso recogiendo la iniciativa, que no llegó a debatirse.
Pero no es la única petición del CERMI en relación a la financiación de las entidades. El acuerdo alcanzado en la Asamblea de Representantes llama a una «reorientación firme y enérgica de los mecanismos y dispositivos de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea hacia objetivos ambiciosos de cohesión e inclusión sociales».
Quiere que el futuro Gobierno, según recoge el texto, constituya en este aspecto «un eje primordial de acción y aplicación de estos recursos, contando para ello con las entidades no lucrativas de iniciativa social, que han de tener la consideración de agente colaborador preferencial en la gestión de esos fondos».
ESTATUTO JURÍDICO DE LAS ENTIDADES SOCIALES
Por otra parte, el CERMI llamará a los futuros responsables del país a «culminar con rapidez la regulación reglamentaria del estatuto jurídico de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado». En este sentido, advierten de la necesidad de «abandonar progresivamente el modelo subvencional, ahora imperante, y transitar con garantías y previo diálogo a uno fundado sobre un marco de cooperación estable entre la Administración y el tejido social representativo».
La entidad también propone una «modificación acelerada de la normativa legal vigente en materia de desindexación para evitar los efectos lesivos indeseables que estas limitaciones legales provocan en los servicios sociales que por cuenta y delegación de las Administraciones públicas gestionan las entidades del tercer sector de acción social, en especial, las de la discapacidad organizada».
Y, además, instan, a través de los CERMI autonómicos, a que se complete y desarrolle la legislación sobre concierto social, de forma que se abra «únicamente a la iniciativa cívica social, así como a incorporar a su ordenamiento normativo disposiciones legales que actualicen de modo inmediato y automático el impacto en la gestión social de la subida de costes y precios derivados de la negociación colectiva o de la evolución alcista del mercado de productos, bienes y servicios».
