TikTok intentará este lunes convencer a un tribunal federal de que la ley que obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos es inconstitucional.
Desde que en abril el Congreso estadounidense aprobó la ley, el destino de TikTok en el país norteamericano se ha convertido en un tema importante del debate político.
El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se opone a cualquier veto a la muy popular plataforma, luego de que él mismo intentara prohibirla en 2020, al final de su mandato.
El presidente Joe Biden, por su parte, ha firmado una ley que da plazo hasta enero a TikTok para que deje de ser propiedad de una empresa china. Su vicepresidenta, Kamala Harris, es la actual candidata demócrata a la Casa Blanca.
ByteDance, la empresa matriz de TikTok, declaró que no tiene intención de desprenderse de su preciada aplicación. La acción legal es, por tanto, su única opción para sobrevivir en Estados Unidos.
Una prohibición provocaría probablemente una fuerte reacción de Pekín y tensaría aún más las relaciones entre Estados Unidos y China.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia tienen previsto escuchar el lunes a TikTok, ByteDance y a un grupo de usuarios, que coincidirán en esencia en que la ley viola el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución estadounidense.
Los jueces se pronunciarán sobre el caso en las próximas semanas o meses. Pero sea cual sea su decisión, es probable que se lleve ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Los argumentos de TikTok
TikTok afirma que «la Constitución está de (su) lado» y añade que la ley silenciaría las voces de 170 millones de estadounidenses.
«No hay duda de que la ley cerrará TikTok el 19 de enero de 2025», afirma la demanda de la compañía, «silenciando a aquellos que usan la plataforma para comunicarse de formas que no pueden replicarse en otros lugares».
La compañía también aduce que, incluso si la desinversión fuera posible, la aplicación «se vería reducida a un cascarón vacío, carente de la tecnología innovadora que adapta el contenido a cada usuario».
Los argumentos de los Estados Unidos
El Gobierno estadounidense replica que la ley trata cuestiones de seguridad nacional, no de libertad de expresión, y que ByteDance no puede ampararse en derechos protegidos por la Constitución.
«Dado el vasto alcance de TikTok en Estados Unidos, la capacidad de China de utilizar las funcionalidades de TikTok para lograr su objetivo general de socavar los intereses estadounidenses constituye una amenaza a la seguridad nacional de inmensa profundidad y amplitud», escribió el Departamento de Justicia estadounidense.
Estados Unidos estima que ByteDance puede acceder -y de hecho accede- a las peticiones del gobierno chino para obtener datos sobre usuarios estadounidenses.
Considera igualmente que el grupo cede a las presiones para censurar o promover determinados contenidos en la plataforma. TikTok niega estas acusaciones.
¿Qué dicen Donald Trump y Kamala Harris?
Los decretos de 2020 que prohibían TikTok, del expresidente Donald Trump, fueron bloqueados por un juez federal, que alegó una posible violación del derecho a la libertad de expresión.
Desde entonces, el magnate republicano, muy molesto con Meta (Facebook, Instagram) y las otras grandes plataformas que le prohibieron temporalmente sus cuentas por incitar a la violencia tras el asalto al Capitolio en 2021, ha cambiado de opinión.
«Todo aquel que quiera salvar TikTok en Estados Unidos debe votar a Trump», dijo en un video publicado la semana pasada.
Kamala Harris tiene a su vez presencia en TikTok y ha abrazado las redes sociales como medio de comunicación con los votantes jóvenes.
La nueva ley firmada por Joe Biden fue diseñada para superar los obstáculos legales, pero algunos expertos creen que a la Corte Suprema de Justicia le resultará difícil considerar que las preocupaciones de seguridad nacional pesan más que la protección de la libertad de expresión.
Gran parte de los argumentos del gobierno no se han hecho públicos, lo que «complica los esfuerzos para evaluarlos», señaló Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond.
«Sin embargo, la Corte Suprema se ha mostrado en general muy cauta a la hora de aceptar argumentos de seguridad nacional cuando la normativa (en cuestión) restringe el derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con Internet», añadió.
