Australia se convirtió en el primer país en aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida histórica que ha generado fuertes críticas por parte de los gigantes tecnológicos.
La legislación, aprobada este jueves en el parlamento australiano, obligará a plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y Snapchat a impedir que los menores de 16 años inicien sesión en sus servicios, bajo amenaza de multas que podrían alcanzar los 49.5 millones de dólares australianos (aproximadamente 32 millones USD).
¿Qué dicen las redes sociales?
TikTok, una de las plataformas más populares entre los adolescentes, advirtió que la prohibición podría empujar a los jóvenes hacia “rincones más oscuros de internet”. La empresa solicitó al gobierno australiano trabajar en conjunto con la industria para “solucionar los problemas creados por este proceso apresurado”.
“Queremos trabajar juntos para mantener a los adolescentes seguros y reducir las consecuencias imprevistas de esta ley para todos los austrlianos”, indicó TikTok.
Por su parte, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, criticó el procedimiento legislativo, señalando que fue “predeterminado” y cuestionando la evidencia sobre el vínculo causal entre las redes sociales y la salud mental de los jóvenes australianos.
“La semana pasada, el propio comité del Parlamento indicó que la ‘relación causal con los medios sociales (y problemas de salud mental en jóvenes) parece poco clara”, indicó Meta.
La medida surge tras una investigación parlamentaria que recogió testimonios de padres cuyos hijos sufrieron autolesiones debido al ciberacoso. El gobierno comenzará pruebas piloto en enero de 2024 para implementar la prohibición, que entrará en vigor en noviembre de 2025.
Esta ley marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre Australia y las empresas tecnológicas estadounidenses. El país oceánico ya había sido pionero al obligar a las plataformas sociales a pagar regalías a los medios de comunicación por compartir su contenido.
El proyecto recibió apoyo tanto del partido laborista gobernante como de la oposición conservadora, aunque las empresas tecnológicas y algunos expertos cuestionan los detalles específicos de su implementación y sus posibles consecuencias no deseadas.
