Todas las asociaciones judiciales y fiscales han firmado un comunicado conjunto para exigir respeto a la independencia judicial después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificara de vergüenza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que absolvía al exjugador del FC Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia.
En el comunicado, recogido por Europa Press, las asociaciones recuerdan que la independencia del poder judicial «es un pilar fundamental del Estado de Derecho» y las resoluciones judiciales se adoptan «tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente».
«Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial», añade.
Además, el comunicado resalta la importancia de la presunción de inocencia como «derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España» dado que «garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho».
Al hilo, remarca que cuestionar este principio básico «puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».
Asimismo, indica que es importante de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales, por lo que sus testimonios deben ser valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. «Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto», matiza.
Por todo ello, las asociaciones judiciales y fiscales hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional en instan a todos los representantes públicos «a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales».
«Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho», aseguran, para reiterar acto seguido su compromiso «con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas».
El comunicado ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
