El universo de los activos digitales irrumpe con fuerza en la activación de causas judiciales. La sociedad AGP Litigation Funding saca a la venta una colección de ‘tokens’ para financiar casos relevantes y evitar así que los reclamantes avancen dinero.
Señala que la compra de los ‘tokens’ también reportará importantes beneficios a sus titulares si el caso se gana. Entre los casos que están en marcha y que son susceptibles de ser participados con este activo digital está el que busca indemnizaciones de las administraciones por poner en marcha y ejecutar los estados de alarma durante la pandemia.
Un abogado especialista en casos que afectan a mercados regulados y a reclamaciones que vulneran el principio de la competencia, Juan Piqueras, es el encargado de llevar adelante algunos de los casos con los que AGP pretende obtener financiación por la colocación en el mercado de 17.222 ‘tokens’ de una colección global de 100.000 fichas.
“Las autoridades de competencia dejan muy claro cuales son los límites de la legalidad. Sus resoluciones establecen la existencia del ilícito. Me he especializado en cómo reclamar esos daños partiendo de una resolución administrativa o de la autoridad de competencia favorable. Esa resolución es la base para iniciar la reclamación”, señala Piqueras. Precisamente el caso para obtener indemnizaciones que favorezcan a profesionales y empresarios que se han visto damnificados por los estados de alarma de la pandemia es un reto mayúsculo.
“Lograr que mucha gente no deje de reclamar por no tener dinero es una manera de universalizar la justicia. Entre los afectados a la pandemia hay miles de personas con los recursos en caída libre y este mecanismo puede ayudarles”, indicó Piqueras. AGP, no obstante, pretende financiar causas judiciales procedentes de otros letrados.
ABUSOS DE COMPETENCIA
La llave de esta reclamación a la Administración es que los estados de alarma aplicados se basaron en la Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio y este texto legal ya deja claro en su artículo 3.2 que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados con lo dispuestos en las leyes”.
Según Piqueras, “todos los perjudicados tienen derecho a reclamar por el lucro cesante y daño emergente”. Varias firmas de los sectores de gimnasios, agencias de viajes, restaurantes y locales de ocio en general ya han llamado a la puerta de Piqueras, que tiene una larga trayectoria en litigios que vulneraban la competencia en el sector postal y de transportes.
De hecho, otro de los asuntos que podrá ser financiado con ‘tokens’ es el pleito contra Correos Exprés por la contratación de empresas autónomas y el que enfrenta a las grúas de carretera con las compañías aseguradoras que las contratan. En el pasado, Juan Piqueras ganó a Correos casos en los que la firma postal tuvo que desembolsar centenares de millones de euros por haber recibido ayudas “inadecuadas”.
AGP tiene como clientes a empresarios que han sufrido las prácticas abusivas de los gigantes de la industria y que están dispuestos a reclamar los daños y perjuicios sufridos para participar en pleitos masivos con los que estructurar una demanda colectiva.
Cada ‘token’ de AGP para combatir los ilícitos anticompetitivos tiene un valor de 0,25 ethereum. El ethereum tiene un valor fluctuante en el universo digital. A finales de la semana pasada cada ethereum valía alrededor de 2.500 euros.
