El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: «No legitimaré una nueva farsa».
«El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral», ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.
Torra ha pedido amparo a los tribunales internacionales: «No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. Los independentistas solo podemos hallar la justicia en Europa».
Esta causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano por la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó retirar la pancarta de manera cautelar; dio a Torra 48 horas para hacerlo y cuatro días después ordenó a los Mossos d’Esquadra que la quitaran.
LA DEFENSA
La defensa del expresidente –que llevan los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal– sostiene que los actos de Torra, como miembro del Govern y diputado, estuvieron amparados por la libertad de expresión y representación política y por su «inviolabilidad parlamentaria».
Según los letrados, la pancarta «quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos», algo que consideran que no puede ser un delito, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Además, advierten de que la interpretación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en este caso «produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión».
Esta es la segunda causa contra Torra sobre esta cuestión: en la primera, el TSJC lo inhabilitó 18 meses cuando era presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia por no retirar esta misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.
