El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado la petición de tres magistrados progresistas para examinar a los dos candidatos designados por el Gobierno para formar parte de la corte de garantías –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez–. Ha acordado esperar hasta la celebración del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 22 de diciembre para conocer si nombra a sus dos magistrados.
Esta decisión tiene lugar después de que ayer martes el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros los nombres de los dos magistrados que le corresponde designar al Tribunal Constitucional. Ese mismo día, fuentes de tribunal de garantías consultadas por Europa Press explicaron que, de momento, Campo y Díez no serían examinados en solitario en el Pleno del TC, pero advirtieron que era una decisión temporal que podría revisarse.
Este miércoles, en el marco de la reunión del Pleno del Constitucional, los magistrados Cándido Cónde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán han propuesto adelantar el examen a los candidatos del Ejecutivo. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, ha recabado la opinión del resto de los magistrados, que se han manifestado en contra, por lo que ha optado por no adelantar por ahora el Pleno para evaluar los nombres propuestos por Moncloa.
Las mismas fuentes explican que el tribunal esperará hasta el 22 de diciembre, cuando está previsto que se celebre el próximo Pleno del CGPJ, para conocer si el órgano propone también a los dos magistrados que le corresponde designar. Fuentes del CGPJ, sin embargo, apuntan que no hay certezas de que ese día el Consejo elija a sus dos candidatos.
EL EXAMEN A LOS CANDIDATOS
Las fuentes jurídicas consultadas ayer por esta agencia tras el anuncio de Moncloa precisaban que si el CGPJ se retrasara en comunicar sus candidatos, el Constitucional podría proceder a revisar la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno. En esa tesitura, no descartaban que los nominados por Moncloa tuviesen que enfrentarse en solitario al examen del Constitucional.
El tribunal debe analizar la idoneidad de los candidatos comprobando que cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional –ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional–.
Campo y Díez sustituirían al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, los dos magistrados que en su día fueron propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares, deben ser relevados por los que designe el CGPJ.
Estos cuatro magistrados, cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio, forman el tercio que la Constitución encomienda nombrar a Gobierno y Consejo, de ahí las dudas suscitadas sobre la posibilidad de que puedan tomar posesión por mitades (de dos en dos) o si solo cabe una renovación completa (los cuatro a la vez).
En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los candidatos del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque –explicaban– el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Sin embargo, las mismas fuentes apuntan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
LAS NEGOCIACIONES EN EL CGPJ
Desde entonces, los vocales progresistas y conservadores negocian sus dos nombres con avances a cuentagotas. Los dos bloques se han comprometido a celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre, si bien fuentes del CGPJ enfatizan que eso no garantiza que ese día haya fumata blanca. De momento, el único candidato formal es el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés por parte de la corriente progresista.
Tras el movimiento de ayer de Moncloa, fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press aseguraron que la designación de Campo y Díez complicaba las conversaciones en el seno del CGPJ porque para el ala conservadora los nominados por Moncloa son dos perfiles excesivamente politizados que habría que compensar apostando desde el Consejo por dos aspirantes intachables desde la óptica de la imparcialidad.
Este miércoles, al término de una breve reunión, los negociadores del sector conservador del CGPJ han solicitado más tiempo a sus pares progresistas para valorar el impacto de los nombramientos realizados por el Gobierno en las negociaciones internas del Consejo. Así, han pedido a sus homólogos progresistas verse mañana para celebrar el cónclave conservador esta noche y poder acudir a la mesa de negociaciones con una posición clara.
Fuentes del TC consideran factible que los dos aspirantes del Gobierno tomen posesión solos por cuanto, exponen, una cosa es que no puedan ir los cuatro candidatos por impedimento legal –como ocurría antes de la segunda reforma del Ley Orgánica del Poder Judicial– y otra que no pueda renovarse el Constitucional porque un órgano del Estado bloquea a otro, ya que -según alegan– desde julio la renovación de la corte de garantías depende únicamente de la voluntad de los vocales del Consejo.
Además, recuerdan que ya hay un precedente histórico de constitución incompleta del TC. Los primeros magistrados del Constitucional se nombraron el 14 de febrero de 1980 y días después, el 25, tomaron posesión. Solo eran diez porque faltaban los dos del CGPJ y aún no se había constituido. El tribunal no quedó plenamente constituido hasta ese 12 de julio, pero hasta entonces funcionaron como un colegio de magistrados.
DE UNA MAYORÍA CONSERVADORA A OTRA PROGRESISTA
Frente a esta tesis, otras fuentes del TC sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro magistrados), porque lo contrario supondría ‘de facto’ hacerlo por sextos (dos magistrados).
Y señalan como antecedente favorable a esta posición lo ocurrido en 2004, cuando el CGPJ nombró a Pascual Sala y Ramón Rodríguez-Arribas, y el Gobierno de José María Aznar, ya en funciones tras la victoria electoral del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, optó por no designar a sus dos candidatos, que finalmente fueron nombrados por el nuevo Ejecutivo socialista, con Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps.
Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya –que debe cubrir el Senado– sigue vacante.
Cabe recordar que, si Campo y Díez consiguieran el visto bueno del Pleno sin los dos del CGPJ, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiaría porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos enviados por el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
