El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado con cuatro cargos federales este martes por un gran jurado de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden.
La acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se ha presentado poco antes sellada, tal y como solicitó el Gobierno federal, para evitar así que el acusado huya de la justicia o conozca las penas que se le imputan, según ha informado la cadena CNN.
En concreto, Trump se enfrenta a un cargo de conspiración «mediante el uso de la deshonestidad, el fraude y el engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, conteo y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales», que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
El expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto.
Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. El caso ha sido asignado a la jueza de distrito Tanya Chutkan, nombrada por el expresidente Barack Obama, y que es conocida por dar las sentencias más duras en los casos del asalto al Capitolio.
«Este no es sino otro capítulo corrupto en el patético intento de la familia criminal de Biden y su títere Departamento de Justicia para interferir en las elecciones presidenciales de 2024», ha reaccionado en un comunicado el equipo de su campaña electoral en la red social Truth Social.
Los fiscales federales han asegurado en un comunicado recogido por CNN que el expresidente «estaba decidido a permanecer en el poder» tras su derrota en las elecciones de 2020 y que estuvo más de dos meses «difundiendo mentiras sobre fraude electoral» sabiendo que dichas afirmaciones «eran falsas».
Además, han añadido esas falsas declaraciones crearon «un intenso ambiente de desconfianza e ira, y erosionaron la confianza pública en la administración de las elecciones».
La acusación ha afirmado que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podría cambiar los resultados de las elecciones, por lo que acabaron «asaltando de forma violenta» el Capitolio tras conocerse la negativa de Pence.
Otra de las pruebas en su contra es una llamada del entonces asesor de la Casa Blanca Pat Cipollone, en la que le pidió retirar sus palabras y que permitiese al Congreso la ratificación de los resultados, aunque el expresidente acabó negándose.
LA FISCALÍA BUSCA UN JUICIO RÁPIDO
Smith, por su parte, ha declarado en una rueda de prensa que la Fiscalía buscará un juicio rápido para que «las evidencias puedan ser probadas en el tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos».
«El ataque a la capital de nuestra nación (…) fue un ataque sin precedentes a la democracia estadounidense (…). Fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado, dirigidas a obstruir una función fundamental del Gobierno de Estados Unidos: el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados electorales», ha añadido el fiscal especial.
Asimismo, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha proclamado que los empleados del Departamento de Justicia han participado en «la investigación más grande de la historia del país», según ha recogido la cadena NBC News.
REACCIONES DE POLÍTICOS
El presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha asegurado que el Departamento de Justicia está intentando distraer a la población de las «recientes» noticias sobre Hunter Biden, hijo del presidente del país, Joe Biden, que supuestamente habría recibido dinero de China.
Así, McCarthy ha denunciado que el Departamento de Justicia le dio una «amplia inmunidad en secreto» y que el propio presidente habló con los socios comerciales de Hunter más de 20 veces, contradiciendo así «sus propias declaraciones».
«Y apenas ayer, una nueva encuesta mostró que el expresidente Trump es, sin duda, el principal oponente político de Biden. Todos en Estados Unidos podían ver lo que vendría después: el intento del Departamento de Justicia de distraer la atención de las noticias y atacar al principal candidato a la nominación republicana, el expresidente Trump», ha publicado McCarthy en la red social X, antes conocida como Twitter.
«Los republicanos de la Cámara seguiremos destapando la verdad sobre la Administración Biden y el sistema de dos niveles», ha añadido.
Tanto el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, como el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, han calificado esta tercera imputación de Trump como «la más seria y con más consecuencias hasta el momento».
El portavoz de la Casa Blanca para supervisión e investigaciones, Ian Sams, se ha negado a dar declaraciones al respecto y ha remitido al Departamento de Justicia.
LA FISCALÍA INFORMA DE SEIS CÓMPLICES
Por otro lado, el informe de la Fiscalía habla de hasta seis cómplices de Trump y, aunque no ha publicado sus nombres debido a que no están imputados, una investigación de CNN ha revelado los nombres de cinco de ellos.
Entre los colaboradores se encuentran los exabogados del expresidente Rudy Giuliani, John Eastman y Sidney Powell, el exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, y Kenneth Chesebro, abogado favorable a Trump.
El sexto se trata de «un asesor político que ayudó a implementar el plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales y obstruir el proceso de certificación».
Trump, que deberá comparecer en el juzgado el próximo jueves, ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y también se enfrenta a 40 cargos por el caso de los documentos clasificados.
