España ostenta desde la medianoche de este 1 de julio la Presidencia del Consejo de la UE, un rol que aunque no le permite fijar la agenda europea como tal sí que da al Gobierno un peso específico a nivel político para tratar de impulsar y llegar a acuerdos en algunos de los muchos asuntos pendientes antes de que concluya la actual legislatura europea en junio de 2024.
El Gobierno ha identificado unos 120 expedientes legislativos prioritarios entre los más de 350 que aún no se han conseguido cerrar. «Vamos a intentar cerrarlos todos, como todas las presidencias», sostiene una fuente diplomática, que reconoce que es un deseo de máximos y difícil de lograr porque no se puede cambiar «el equilibrio de fuerzas» en la Eurocámara ni en el Consejo Europeo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 15 de junio las grandes prioridades que se ha marcado el Gobierno en base a una agenda que ya viene fijada y que España no puede imponer, según han subrayado las fuentes. El cometido no es otro que «tender puentes» y orientar los debates «para que lleguen a buen puerto», sostuvo el propio Sánchez.
Como ha ocurrido desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, el conflicto será «una de las grandes prioridades», según reconoció este viernes Sánchez antes de viajar a Kiev. Con este viaje, escenificará junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el apoyo inquebrantable de la UE al país.
Kiev recibió el estatus de país candidato en junio del año pasado y antes de que finalice el año los Veintisiete deberán decidir si se abren negociaciones formales para su entrada. La Comisión Europea presentará el 11 de octubre sobre los avances respecto a las reformas que se le habían planteado y corresponderá a España, como Presidencia de turno, formular una propuesta en base a ello recomendando o no la apertura de negociaciones.
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Al margen de esto, el asunto central será la gestión de las consecuencias económicas y sociales del conflicto, así como el continuado respaldo a Kiev en todos los ámbitos. Desde el Gobierno aseguran que se trabajará por mantener la unidad de acción que ha mostrado la UE en este tiempo, esgrimiendo que esta es la mejor vía para el éxito.
En este apartado, España quiere lograr avances de cara a la reforma del mercado eléctrico, que reclama desde hace tiempo, y que se completen las interconexiones energéticas, al tiempo que defiende seguir avanzando en el uso de energías renovables como la mejor arma tanto para cumplir los objetivos en materia de cambio climático como para reducir las vulnerabilidades en este ámbito que ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania.
AUTONOMÍA ESTRATÉGICA
Con esto entronca otra de las grandes prioridades que se ha fijado el Gobierno, la autonomía estratégica abierta. Sánchez ha defendido la necesidad de una reindustrialización de la UE, revirtiendo la tendencia de deslocalización de industrias estratégicas y tratando de atraer otras nuevas que generan riqueza.
El Gobierno apuesta por la reducción de las vulnerabilidades que la pandemia, primero, y la guerra después, han hecho aflorar, no solo en el ámbito energético o industrial, sino también en el sanitario o de los alimentos.
Aquí se incluye, impulsar la Ley de Materias Primas Críticas, así como tratar de llegar a un acuerdo con la Eurocámara sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial. También se tratará de impulsar la Ley sobre Industria de cero emisiones netas y cerrar con el Parlamento Europeo la negociación relativa a la directiva y el reglamento del Gas y del Hidrógeno.
REFORMA DE LAS REGLAS FISCALES
Pero sin duda en el plano económico el plato fuerte que tendrá que asumir España será la reforma de las reglas fiscales ante el regreso a las normas de reducción del déficit público por debajo del 3% del PIB y de la deuda pública inferior al 60%, tras cuatro años congeladas por la pandemia.
La propuesta de Bruselas otorga un mayor poder a los gobiernos para decidir cómo cumplir estos objetivos, aunque exige un ajuste anual mínimo de déficit del 0,5% del PIB hasta llegar al 3%, mientras que plantea una reducción gradual de la deuda a lo largo de cuatro años, prorrogable hasta siete. España ve con buenos ojos este planteamiento pero otros países, como Alemania se muestran reticentes.
No obstante, a pesar de abanderar posturas contrarias, tanto la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como su par en Berlín, Christian Lindner, no han descartado la posibilidad de acuerdo antes de fin de año. En este sentido, Lindner ha apuntado que «si alguien es capaz de unir a todos, es Nadia Calviño». Esto podría cambiar por el adelanto electoral.
Junto a las reglas fiscales, también figuran la revisión del marco de gestión de crisis bancarias y garantías de depósitos o el marco financiero plurianual, para el que Bruselas pide más contribuciones de los Estados miembro, un planteamiento que Hungría tacha de «inaceptable» y «frívolo».
En su propuesta para la revisión del marco presupuestario de la UE, el Ejecutivo comunitario solicita a los Veintisiete que aporten 66.000 millones de euros, además de proponer un paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones para el periodo entre 2024 y 2027, al que también contribuirán los Estados miembro.
PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO
En el ámbito social, el principal dosier será el Pacto de Migración y Asilo, un asunto prioritario para el Gobierno al que espera poder dar el impulso suficiente como para cerrarlo en su semestre. Sánchez ha recalcado la voluntad de España de continuar donde lo ha dejado Suecia, tras el acuerdo sobre el reglamento de gestión del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo, para cerrar también el reglamento sobre gestión de crisis y lograr un acuerdo global.
No obstante, fuentes diplomáticas reconocen la dificultad de llegar a un consenso en esta materia dada la «resistencia» de algunos países. Una resistencia que ha quedado de manifiesto en el Consejo Europeo de este jueves y viernes, y que abanderan Polonia y Hungría, que quieren ahora dar marcha atrás a lo acordado.
España defiende que se trata de un problema europeo que requiere una solución europea. «La gente no viene a España, Italia o Greca, viene a Europa», subrayan fuentes diplomáticas. En este sentido, Sánchez recordó este viernes la necesidad de aunar responsabilidad y solidaridad y también reivindicó la importancia de avanzar en la dimensión exterior con los países de tránsito y origen, frente a la «ceguera» de algunos países que no quieren verlo.
IMPORTANCIA DE AMÉRICA LATINA
Por último, el Gobierno se ha fijado el objetivo de acercar a la UE y América Latina, para lo que será clave la cumbre con la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). La cita, que no se celebraba desde 2015, debe ser el inicio de una relación más estrecha entre ambos bloques, dados los intereses y valores compartidos.
Sánchez confía en que se produzca un salto cualitativo y que de ella salga «un mecanismo de diálogo estructurado y permanente» así como «una agenda de inversiones públicas importante» por parte de los estados miembro, entre ellos España, que destinará 9.000 millones de euros.
La UE es a día de hoy el principal inversor y el tercer socio comercial de esta región, algo que desea mantener frente a la incipiente presencia rusa y china y que se considera clave también en la búsqueda de la ansiada autonomía estratégica, dado que muchos de estos países son productores de materias primas fundamentales. En este sentido, se trabajará para intentar cerrar el acuerdo con Mercosur, aunque las perspectivas no parecen halagüeñas.
