Las autoridades ucranianas estiman que más de 2.500 personas han fallecido en la ciudad de Mariúpol desde el inicio de la invasión rusa, fruto de un asedio que ha dejado la zona sin apenas suministros básicos y que han denunciado las organizaciones internacionales en defensa de los Derechos Humanos.
Un asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestovych, ha asegurado que la ciudad «resiste» a los ataques rusos, que han alcanzado también infraestructuras civiles, pero «el número de víctimas entre los ciudadanos crece», según la agencia de noticias UNIAN.
Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de bloquear la evacuación de civiles, si bien este lunes sí que han podido abandonar Mariúpol varias decenas de vehículos, según un portavoz local, Petro Andryushchenko, que ha cuestionado la seguridad de ciertas rutas. El Ayuntamiento ha confirmado la salida de 160 vehículos hacia Berdiansk, situada al oeste.
El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, ha recordado a todas las partes que deben anteponer la situación humanitaria por encima de cualquier consideración de carácter bélico. «Los habitantes de Mariúpol viven en una pesadilla que dura semanas» ha lamentado en un comunicado.
Maurer ha reclamado que se garanticen los suministros básicos, también la comida y el agua, después de que tanto el CICR como Médicos Sin Fronteras (MSF) hayan alertado de condiciones precarias, con personas obligadas incluso a recoger nieve para poder beber. El CICR se ha ofrecido como intermediario para evitar una tragedia aún mayor.
La toma de Mariúpol, a orillas del mar de Azov, es estratégica para los intereses militares de las fuerzas rusas, ya que podrían conectar por tierra la península de Crimea y las regiones del este de Ucrania que controlan desde el año 2014 los rebeldes separatistas.
